Presenta una enmienda al proyecto de Presupuestos del Estado. Hay un convenio incumplido desde 2007 que compromete al Gobierno.
La Consejera de Fomento junto al ministro Íñigo de la Serna en 2018/ Archivo
Hacía muchos años que nada se sabía de ella. Con la crisis del 2008 quedó fuera de los presupuestos, y desde entonces el Estado no ha vuelto a retormar el proyecto, que ya está iniciado en fase de estudio y redacción de proyectos y con un convenio firmado en 2007.
Pues bien, ha sido el grupo político Teruel Exite, con 1 diputado en el Congreso, el que a ruego de Cuenca Ahora ha presentado una enmienda para retomar el proyecto aparcado, concretamente el tramo de 159 kilómetros entre Guadalajara y Tarancón.
La Autovía de la Alcarria se concibió como una vía rápida para comunicar Guadalajara y Cuenca con el Levante mediante un vial que además aliviaría el paso por Madrid a los camiones que van al Corredor del Henares o se dirigen a Galicia, Castilla y León o la cornisa cantábrica.
También Teruel Existe presenta otras dos enmiendas sobre la elección de Cuenca como sede del Centro de Estudios Penintenciarios y el regadío del valle de Altomira, con aguas del trasvase Tajo-Segura o de concesiones históricas del río Guadiela, el que embalsa sus aguas en el pantano de Buendía.
Cuenca Ahora pide públicamente a los Diputados y Senadores del PP y del PSOE en el Congreso de los Diputados que apoyen las citadas enmiendas.
Un convenio incumplido desde 2007
Hay que recordar que en mayo de 2018 la entonces consejera de Fomento, Agustina García, volvió a reclamar al Estado que construya la autovía de la Alcarria con motivo de una vista realizada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Entonces gobernaba el PP.
La consejera de Fomentoa recordó que existe un convenio firmado con el Ministerio en 2007 por el que autovía de la Alcarria la ejecuta el Estado mientras que la Autovía del Júcar (Albacete-Cuenca) la realiza el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero “el Ministerio no ha hecho nada de su parte", se quejó la Consejera.
En enero de 2018, el presidente regional García-Page se comprometió a que, desde la región, se seguirán dando pasos adelante en este proyecto a pesar de los incumplimientos del Estado y lamentó las críticas vertidas desde la oposición ‘popular’, después de que hubieran paralizado de manera “ilegal” y anulado el proyecto durante la pasada legislatura; hecho que ha supuesto a la Comunidad Autónoma indemnizaciones por valor de 7 millones de euros y más de 20 millones de euros en concepto de mantenimiento, precisó.
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