El incendio de Chiloeches está relacionado con una presunta red de blanqueo de residuos peligrosos

chioleches-incendio-rafa Columna de humo en la planta incendiada en Chiloeches en las primeras horas del incendio.Fotos: Guadalajara Diario. El Juzgado Número 1 de Guadalajara investiga una presunta red de tratamiento ilegal de residuos peligrosos, que llegó a eliminar irregularmente unas 3.000 toneladas en Chiloeches con el riesgo para los trabajadores que intervinieron en la operación. La Guardia Civil reconoce que dicho incendio se produjo "en plena investigación por las actividades ilegales que ya venían realizando anteriormente". La Guardia Civil investiga a 5 personas en Barcelona y Madrid en el marco de la Operación “Waste”.

Residuos peligrosos que supestamente habían sido reciclados en una planta soriana para reducir su actividad luego eran tratados en la planta de Chiloeches incendiada en verano de 2016 como si efectivamente ya hubieran sido descdontaminados. Esta operación de blanqueo de residuos alcanzaría según la investigación a unas 3.000 toneladas, puso en peligro la salud de los trabajadores que operaron con ellos y la investigación la relaciona con el pavoroso incendio de Chiloeches en el verano de 2016, que jugó con la salud de todo el entorno por el vertido al medio ambiente y al río Henares de peligrosos agentes cotaminantes.

A lo largo de nueve meses, la UCOMA de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha venido desarrollando la Operación “WASTE” que, en el mes de octubre consiguió determinar las responsabilidades de varias empresas dedicadas a la gestión de residuos peligrosos. Aunque el comunicado no cita a ninguna, este digital ha podido saber que la investigación se centra en la empresa Kuk Medio Ambiente, que es la que gestionaba la planta de Chiloeches en el momento del incendio.

La investigación ha podido determinar que un gestor simulaba el transporte de los residuos peligrosos producidos en una empresa química de la provincia de Madrid hasta su planta soriana para, supuestamente, una vez tratados y aplicados los distintos procesos descontaminantes, trasladar el producto final hasta otra ubicación en la provincia de Guadalajara donde, aparentemente perdida su condición de peligrosos, eran eliminados.

Según la Guardia Civil, la realidad es que ambos viajes sólo existían sobre el papel puesto que el único movimiento que realizaban los deshechos no superaban los 25 kilómetros, distancia que separa el origen de los mismos en Madrid hasta la planta de Guadalajara donde, efectivamente, eran eliminados pero con toda su carga contaminante activa.

incendio-panoramica La nube negra con agentes contaminantes cruza el cielo de Guadalajara. Afortunadamente el aire la alejó de la ciudad./ GD.La finalización de las investigaciones permitieron demostrar la existencia de presuntas responsabilidades de las empresas investigadas en la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y falsedad documental.

Blanqueo documental de la gestión de residuos.

Para culminar sus actividades, las empresas contrataban a una empresa de transporte y jugaban combinando los documentos propios de la gestión de residuos con albaranes de viaje. Mediante un sencillo pero efectivo sistema ponían en relación los supuestos recorridos que nunca se realizaban, documentando el viaje hasta tierras sorianas con un vehículo concreto, identificado con matrícula, mientras que el trayecto desde aquel destino a la planta alcarreña recogía otra matrícula distinta.

incendio-ceis-madrugada Las llamas en la planta quemada durante la madrugada./ GD.Lo que aparentemente podía resultar un engaño visible desde el primer momento, quedaba camuflado por el hecho de que en un documento se indicaba la matrícula de la tractora, mientras en el otro se señalaba el remolque. De esta manera, salvo un análisis a fondo de la situación, se inducía al error de pensar que era el mismo conjunto de vehículos pero con dos referencias distintas.

La colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que elaboró informes técnicos sobre el estudio de recorridos de los vehículos utilizados para el transporte, permitió dejar en evidencia los trucos utilizados.

Con el uso de estos documentos se blanqueaba el movimiento de los residuos, presentando el balance final como una acción totalmente respetuosa con la legislación y con el Medio Ambiente. Así se confeccionaban certificados de gestión falsos, Documentos de Control y Seguimiento y Cartas de Porte.

Trabajadores expuestos por 3.000 tonaladas de residuos peligrosos

La gravedad de los hechos presenta además otras vertientes muy peligrosas.

chiloeches-planta-incendiada El entorno quedó contaminado y los efectos llegaron hasta el Henares. La Junta se gastó varios millones en la restauración del terreno./GD.Por ejemplo, el uso de placas ADR de identificación de mercancías peligrosas fraudulento, que imposibilitaría la adopción de las medidas correctas por parte de los servicios de emergencia en caso de accidente, lo que generaría una potencial situación importante de riesgo.

Además, y según la Guardia Civil, los trabajadores de la planta en la provincia de Guadalajara estarían expuestos a los peligros del manejo de los residuos ya que, aunque llegaban a la misma como tratados, realmente contaban con todos los elementos de riesgo. El comunicado de la Guardia Civil precisa que "se da la circunstancia de que esta última empresa es la que protagonizó un incendio en el verano de 2016". Aunque el comunicado no da nombres de empresas implicadas, hay que recordar que el incendio tuvo lugar en una planta de la empresa Kuk Medio Ambiente y que este hecho se produjo "en plena investigación por las actividades ilegales que ya venían realizando anteriormente", según admite la Guardia Civil.

Una estimación aproximada cifra en unas 3.000 toneladas de residuos peligrosos los que se habrían eliminado sin ningún tipo de tratamiento previo.

Estafas múltiples

Las actuaciones realizadas por las empresas investigadas tendrían también otra línea delictiva, al estar cobrando a sus clientes todo el proceso de tratamiento que no se hacía, además de las cuotas por transporte que tampoco se realizaban.

Recordamos que el juzgado está investigando a 19 personas físicas y tres entidades jurídicas y que las declaraciones se realizaron entre diciembre del 2016 y febrero de 2017, aunque todavía la fiscalía no ha calificado y no hay fecha para el juicio oral.

Además de forma paralela el Ejecutivo autonómico ha abierto un procedimiento de responsabilidad ambiental contra la empresa por negligencia ambiental y exigir que se haga cargo de los gastos ocasionados a la Administración por la extinción y reparación ambiental de la zona y que fueron valorados en su día en seis millones de euros.