Desde la Junta (en la fotografía, Santos López), se precisa que las analíticas que ha hecho la empresa Emgrisa no ha dado contaminación en las zonas adyacentes. A pesar de las peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Chiloeches, el Gobierno Regional insiste en que no es una situación de emergencia y quiere que sea Kuk Medioambiental quien retire los residuos de la zona del incendio y quien pague los dos millones que costarán los trabajos.
El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Santos López, ha confirmado a Guadalajara Diario que la Junta de Comunidades no va a retirar de momento los residuos que quedan en la zona cero del incendio a pesar de las peticiones realizadas por el ayuntamiento de la localidad. López, quien asegura que desde que ocurrió el incendio ha habido una comunicación y coordinación constante con el Ayuntamiento de Chiloeches, afirma que no hay una situación de emergencia que lo aconseje. “Después de que finalizó la emergencia- afirma Santos López- y que supuso un coste de 6,5 millones de euros, hemos intentado que Kuk Medioambiental, realizase los trabajos de descontaminación de la zona cero, retirando los montones que quedaron, pero la empresa no se da por aludida”.
Trabajos urgentes
Residuos de la planta de KUK en Chiloeches nada más terminarse las labores de extinción./ Guadalajara Diario.Ante esta situación la Junta de Comunidades ha realizado las medidas más urgentes: cerrar el perímetro de la instalación para evitar el paso de vehículos, e impedir que se lleven chatarra de la zona, señalizar toda la zona cero y ahora están acabando la impermeabilización de las zonas más bajas. “En total se impermeabilizarán 4.000 metros cuadrados para que no haya filtraciones a las zonas bajas mientras esos montones sigan ahí”. Unos trabajos que está realizando TRAGSA y que costarán a la Junta otros 160 mil euros.
Desde el Ayuntamiento de Chiloeches se pide que se retiren los montones de residuos que quedan en las instalaciones pero el delegado de Medio Ambiente asegura que es algo que corresponde retirar al propietario aunque está haciendo caso omiso.
“Ya nos gastamos seis millones y medio de euros- recuerda Santos López- y esto en principio no es una emergencia. Estamos tomando las medidas administrativas que marca la ley: se ha abierto un expediente y se están mandando cartas y publicándolo en el Diario de Castilla- La Mancha, también se lo dijimos al juez, pero la empresa propietaria está haciendo caso omiso y no se da por aludida”.
El delegado insiste en que ahora es un expediente normal y que se siguen los cauces habituales porque las analíticas dicen que todo está controlado. “Mientras un juzgado no lo requiera diciendo que hay un peligro para la salud pública o para el medio ambiente no lo vamos a realizar. No podemos retirar esos montones si no hay emergencia.”- asegura Santos López.
El coste estimado de retirar y limpiar estos residuos es de dos millones de euros.
A pesar de todo el delegado asegura que los vecinos de Chiloeches pueden estar tranquilos. “No hay nada que demuestre lo contrario. Las analíticas que ha hecho la empresa Emgrisa no ha dado contaminación en las zonas adyacentes por eso se está trabajando en la zona cero. No hay datos que digan que tierras arriba o tierras abajo estén contaminadas. El año pasado durante el incendio fue cuando yo sentí más el peligro de contaminación pero creo que ahora un año después eso no existe”.
Los ecologistas también piden que se retiren los residuos
Equo Guadalajara y Ecologistas en Acción de Guadalajara se han sumado a la petición del Ayuntamiento de Chiloeches y han anunciado que también pedirán a la administración que elimine los residuos que quedan tras el incendio de la planta de Kuk Mediambiente.
En concreto estas dos formaciones reclamarán a las administraciones implicadas la total e inmediata descontaminación de la zona afectada, tanto por el incendio como por el vertido. Además pedirán la expresa inclusión, en los presupuestos regionales, de la partida correspondiente para tal fin.
Asimismo se quejan de la falta de información por parte de las administraciones que “no han contestado a las solicitudes planteadas, fomentando el oscurantismo administrativo”
