CEOE CEPYME Cuenca, FEDA, FECIR, CEOE CEPYME Guadalajara y FEDETO, además de la Confederación Regional de Empresarios exigen que se diseñen nuevas políticas económicas y que incluyan a los autónomos como colectivo más débil del sistema económico.

Estas organizaciones empresariales muestran su lealtad y colaboración al Gobierno y reconocen que algunas decisiones van en la buena dirección, pero a la vez le transmiten que deben tener mayor calado si no quiere quebrarse el sistema empresarial y por tanto la economía.

Además, señalan que, siendo necesarias estas medidas económicas sin las que estaremos abocados a la desaparición y la ruina de gran parte del tejido productivo regional, también es vital garantizar la salud de empresarios y trabajadores, denunciando la falta de EPIS en las empresas, pidiendo a la administración que señale claramente cuando son necesarios.

Peticiones

Entre las peticiones que trasladan CECAM y sus organizaciones provinciales está que todos los sectores que no sean esenciales para la economía, estén o no incluidos en el Real Decreto como cierre obligatorio, deberían tramitarse como Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de fuerza mayor.

Así, se harían del mismo modo que los ERTEs de empresas que están en el Real Decreto porque no tienen actividad y cualquier plazo que se alargue supondrá la desaparición de la empresa y de sus puestos de trabajo.

Del mismo modo se pide que se extienda la regulación de los ERTEs por causas objetivas al período posterior al estado de alarma por un período mínimo de tres meses y que el silencio de la administración al no dictar resolución en este caso tiene un efecto estimativo.

Denuncian igualmente que el actual procedimiento previsto para estos expedientes está condicionado por una disposición adicional del Real Decreto, ya que será difícil garantizar el mantenimiento del empleo durante seis meses, pues es previsible que sobrevendrá una complicada situación económica y se incrementarán los impagos.
En lo referente a tributos dejan claro que es imprescindible la exención de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social para empresas durante los meses de marzo, abril y mayo independientemente de la facturación, sin la obligación de presentar las autoliquidaciones y pagos a cuentas, lo que supondrá una real disminución de los costes, no como con el aplazamiento.

Del mismo modo, no debería ser obligatorio el ingreso de los cupones de autónomos que se hubieran emitido y debería realizarse la devolución automática en caso de que ha se hayan girado, sin que lo solicite el trabajador por cuenta propia.

Además, se señala la necesidad de suprimir la presentación de autoliquidaciones tributarias y eliminación del pago a cuenta correspondientes al primer trimestre.

En este caso urge ayudar a las empresas y autónomos que a la vez que organizan ERTEs y préstamos ICO están siendo requeridas para el envío de facturas, lo que desborda su trabajo, pues muchos de ellos no se manejan con los aspectos telemáticos de ahí que la supresión de estas autoliquidaciones suponga un respiro.

En otro orden de cosas, CECAM y las organizaciones provinciales, ante estas complicaciones, piden que se supriman los regímenes sancionadores que prevé la normativa tributaria porque habrá muchas declaraciones complementarias por los errores debidos a la complicada situación.

Asimismo, solicitan necesario el aplazamiento de las deudas tributarias, cualquiera que sea el importe y a un período más amplio, para que sean más de tres meses sin intereses para las solicitudes presentadas hasta agosto.

En este punto se señala que es fundamental que se redacten documentos con instrucciones claras y precisas en cuanto a los procedimientos laborales y fiscales modificados como consecuencia de la crisis del COVID 19 para que los agentes sociales puedan trasladarlo de la manera más fidedigna posible a empresarios y trabajadores.

Financiación

En el aspecto financiero, las organizaciones empresariales piden valentía y solicitan que, igual que ha ocurrido en Francia, el Estado se haga cargo del abono de alquileres y suministros básicos, así como de los vencimientos de los préstamos bancarios que tengan las empresas o en su defecto se dé a las pymes un cheque semanal como hará el Gobierno de Cantabria.

Por otra parte, requieren que se establezca un fondo de ayudas a fondo perdido una vez termine el estado de alarma y solicitar líneas de financiación para circulante avaladas por el Estado.

Autónomos

Las organizaciones provinciales y CECAM son especialmente críticas con las medidas que se dirigen a los autónomos, señalando que están dejando en una situación extrema a la parte más débil del tejido productivo y que supone un alto porcentaje de los empresarios de la región.

Por ello exigen que todos los autónomos estén o no incluidos en los sectores del Real Decreto en cuanto al cierre de actividad, accedan automáticamente a la prestación, suprimiéndose tener que demostrar el desequilibrio económico entre un mes y otro porque no se puede hacer por el régimen de módulos y es casi imposible de hacerlo por otros regímenes.

Asimismo, lamentan que en este momento no se pueda saber si los autónomos de sociedades mercantiles puedan o no acceder a la prestación cuando deben tener los mismos derechos que el resto de trabajadores por cuenta propia y por lo tanto deberían acceder automáticamente.

Además, se señala que las pymes y autónomos deberían dejar de cotizar mientras se tramita el ERTE.

EPIS
Las organizaciones empresariales denuncian la falta de EPIS en las empresas por lo que consideran imprescindible que se les suministren a las del sector logístico, agroalimentario y de distribución para cumplir con las medidas sanitarias.

CECAM y sus organizaciones provinciales señalan que algunos trabajadores están pidiendo el cierre de las empresas por falta de equipos de protección individual cuando no son necesarios desde una óptica de prevención, de ahí que se pida a la administración que aclare cuando son necesarios estos equipos.
Los empresarios también piden que se haga llegar a los agentes sociales las instrucciones que se han dado al fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en materia de movilidad para evitar interpretaciones erróneas y evitar sanciones.