Está claro que la política educativa española, diseñada e impuesta por el PSOE desde la LOGSE hasta la LOE, ha fracasado poniendo en peligro la igualdad de oportunidades de los jóvenes. Y ésta no es una afirmación gratuita, sino que se encuentra avalada por los resultados educativos españoles que se han obtenido en los diferentes procesos de evaluación. Ya se han dado a conocer, en multitud de ocasiones, los datos de la situación actual del sistema educativo español, proporcionados por la OCDE, el informe PISA y, más recientemente, las puntuaciones en PIRLS y TIMS. España está a la cabeza de fracaso escolar en la UE con un 30%; una tasa de abandono educativo del 26,5%; puesto 23 de 48 países en el informe PIRLS y posición 23 /21 de 63 países en TIMS y nuestros jóvenes sufren una tasa de paro que supera el 50%. Es evidente que el sistema educativo tiene que cambiar.
No por mucho repetir “las miserias” de este sistema educativo, vamos a conseguir solventarlas. Ahora bien, sí es imprescindible conocer cuál es el punto de partida que nos ha llevado a estos resultados. Por un lado, para poner encima de la mesa las posibles soluciones, y por otro, para no volver a caer en los mismos errores. Así, comencé esta legislatura con una idea muy clara sobre la necesidad de poner en marcha, urgentemente, una reforma educativa definitiva, capaz de acometer la tarea de sentar las bases para dar respuesta a este gran problema de nuestra sociedad española.
Personalmente, creo y siempre he creído, que el daño más grave que se ha hecho a nuestro sistema educativo ha sido el copiar el modelo comprehensivo que instauraron otros países y que, como todo el mundo sabe, ya se demostró su ineficiencia. El confundir equidad con tratar a todos por igual, considero es el error más grave de partida. Como en una familia, cada hijo necesita de atenciones muy diferentes en función de sus características, de sus necesidades o de su historia personal. Sus progenitores así lo entienden y no se plantean si se quiere más al uno o al otro, o si “hay hijos de primera o de segunda”. También debe ser así en la escuela. Es una gran incongruencia que no podamos responder a los talentos personales de cada alumno y que tengamos que enfocar las estrategias educativas hacia las competencias más básicas para poder abarcar todas las capacidades. Porque esto no es equidad ni igualdad de oportunidades.
Pongamos un ejemplo muy claro, de error de partida, que a mi parecer se refleja, por ejemplo, en la política educativa francesa: se prohíben los deberes, argumentando que estos favorecen las desigualdades. Es decir, por si hay padres despreocupados, desinteresados o incapaces de ayudar a sus hijos, no se permite que se refuercen los aprendizajes en las familias. El esfuerzo, el trabajo diario o los hábitos son actitudes muy positivas, que deben trabajarse en la escuela, y practicar en el ámbito familiar. Pero, en el ejemplo que nos ocupa, no se permiten porque no está asegurado que lo puedan hacer todos. Es decir se intenta igualar. Para mí, esta prohibición obtendrá el efecto contrario y aumentará las diferencias. Los padres comprometidos y preocupados por la educación de sus hijos o preparados con estrategias para ello, seguirán ampliando la formación de sus menores, y por el contrario, aquellos que necesitan las directrices de los profesores para saber cómo reforzar los aprendizajes o aquellos que no tienen ningún interés por participar en la educación académica de sus hijos, cederán la responsabilidad al sistema educativo. Y para mí, esto no es equidad.
Y termino con dos ideas que vienen reflejadas en la introducción del Anteproyecto de la LOMCE, con las que estoy plenamente de acuerdo, y que resumen lo que he querido plasmar: “La equidad y la calidad son dos caras de la misma moneda” “No hay mayor falta de equidad que igualar en la desidia o en la mediocridad”. Y añado: la mediocridad y la ignorancia facilitan la manipulación y atentan contra los derechos y la capacidad de decisión de las personas.
Ana M. González García
Senadora PP Guadalajara
