Los dos ex altos cargos del gobierno regional aseguran que no era de su competencia conocer otros aspectos del expediente
Sergio David González era viceconsejero de medio ambiente cuando se produjo el incendio
El Ministerio Fiscal intenta desentrañar por qué la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha permitió que la planta de residuos de Chiloeches siguiera funcionando si en el gobierno regional había constancia de que no cumplía lo que marcaba la ley en materia de residuos peligrosos. Una situación que hizo que mientras unos departamentos del gobierno regional sancionaban a la empresa por incumplir la ley medioambiental otros les dieran nuevas licencias de actividad en 2012 y 2015 como si nada hubiera pasado.
Para explicarlo hoy han declarado Sergio David González, ex viceconsejero de medio ambiente en la época del incendio y José María M.G. que era jefe de servicio de medioambiente industrial en el gobierno regional. Ambos, a los que se les acusa de un delito de prevaricación, y en la línea de las declaraciones de ayer, han negado que fuera competencia suya controlar lo que pasaba en la planta de residuos.
Según ha dejado claro la fiscal, en la época en la que estas dos personas ocupaban sus cargos, en el año 2015, la empresa Kuk Medioambiental solicitó una ampliación de la cantidad y el tipo de residuos que gestionaba, autorización que le fue concedida a pesar de que el propio gobierno regional había sancionado a la empresa por no respetar la ley medioambiental. Cuando se dio esa autorización, según ha remarcado la fiscal, la empresa ni siquiera tenía autorización para funcionar porque había sido suspendida por un juzgado. Los dos acusados han asegurado que no tenían conocimiento de esa suspensión cuando dieron la autorización.
Niega el trato de favor
En el caso de Sergio David González la fiscal, Patricia Vilela, ha basado su intervención en conocer la relación que el ex viceconsejero mantenía con la empresa Layna y Kuk medioambiental que era quien gestionaba la planta.
Sergio David González, momentos antes de prestar declaración
González, investigador y químico de profesión, ha reconocido que tuvo relación con Layna porque en su actividad privada desarrolló, de forma previa a su cargo, un proyecto de investigación liderado por Layna. También ha reconocido que sabía que Layna participaba en la gestión de la planta de Chiloeches, pero ha negado que haya habido un trato de favor a esa empresa cuando era viceconsejero. González ha remarcado que nunca ha tenido ninguna responsabilidad en el grupo y ha asegurado que no ha “interferido, ni dado trato de favor, ni ha dado orden a ningún funcionario” para que favorecieran a esa empresa.
El acusado ha hecho hincapié en cual es su papel como viceconsejero señalando que era una figura únicamente política, que no participaba en la gestión administrativa ordinaria y que únicamente firmaba lo que le pasaban. Ha resaltado que confiaba en lo que redactaban los técnicos y que no firmarlo habría sido una irresponsabilidad.
No era su competencia conocer las sanciones
Por su parte José María M.G. era jefe de servicio de medioambiente industrial en el gobierno regional, cuando se concedió a la empresa KUK Medioambiental la modificación sustancial de su actividad (en 2012) sobre lo que tenía concedido desde 2008. El acusado ha insistido en que cuando él llegó en 2011 el expediente ya estaba en tramitación y que lo que hizo fue continuar con el procedimiento sin más.
José María M.G. era jefe de servicio de medioambiente industrial en el gobierno regional
Ha negado que conociera que la empresa que explotaba la planta de Chiloeches había sido sancionada por el gobierno regional por no cumplir las condiciones en las que se concedió la primera licencia para explotar la planta en 2008 y ha señalado que su misión era comprobar si la empresa cumplía los requisitos que marcaba la ley para conceder la nueva autorización ambiental integrada, independientemente de las sanciones (algo que era competencia de otro departamento).
Patricia Vilela, Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Guadalajara, ha preguntado al acusado por qué eludió y silenció esos incumplimientos “contumaces” y persistentes” de Kuk medioambiental de la normativa medioambiental y José María M.G. ha respondido que ni oculto ni silenció nada y ha insistido en que no conocía esa situación y que no tenía que conocerlo porque esa no era su competencia. La fiscal se ha mostrado perpleja de que se facilitase la explotación a una empresa que no cumplía la normativa “la empresa es laxa y le damos una nueva oportunidad”- ha remarcado.
El interrogatorio también se ha centrado en por qué este mismo departamento siguió en 2015 dando más permisos que ampliaron la cantidad y el tipo de residuos que se trataban en Chiloeches cuando había un informe que ya señalaba que el suelo y las aguas subterráneas estaban más contaminadas de lo permitido por la ley.
Declaración del ex alcalde de Chiloeches
Con la declaración de estas dos personas ya son cuatro los altos cargos de la Junta que han comparecido ante el jurado. La vista se reanudará el 4 de octubre con la declaración del alcalde de Chiloeches en ese momento, César Urrea y de F.F.G representante de la empresa Kuk Medioambiente S. L.
La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para un total de 21 acusados -18 personas y 3 empresas- según señala en su escrito de más de 90 páginas, y entre los acusados están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en los momentos de los hechos.
