Entiende que no se dan las circunstancias y defiende la legalidad de la ampliación de capital.
En una carta enviada esta mañana por Urbas a la CNMV, la compañía muestra su disconformidad con este medida por entender que no se dan las circunstacias al que alude el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, para acordar la referida suspensión cautelar.
La misiva, de tres puntos, dice que aunque no poseen todavía información completa, fiel y real de las actuaciones judiciales, sí que les consta que los hechos solo afectan a la ampliación de capital acordada por la Junta de Accionistas en junio de 2005, por lo que la suspensión cautelar de cotización de la totalidad de las acciones supone "una medida excesiva y desproporcionada, máxima cuando las acciones emitidas en dicha ampliación de capital todavía no han salido a cotización".
La carta de Urbas asegura que tal ampliación fue acordada con todos los requisitos legales, sin que nadie la haya impugnado por los cauces legales reglamentarios. Y recuerda que la citada ampliación, que es la base de la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía, fue "informada favorablemente por el experto independiente designado por el Registro Mercantil, por los auditores de la compañía, por la propia CNMV, y por el Registro Mercantil, quienes en todos los casos confirmaron y sancionaron tanto el cumplimiento de los requisitos legales necesarios, como la plena legalidad de los actos".
Por todo ello, Urbas entiende que en todo caso la medida cautelar estaría justificada, limitada exclusivamente a la ampliación de capital que trae causa el procedimiento judicial, por "la desconfianza que puede generar en el mercado, podría generar un efecto gravemente perjudicial para la compañía y contrario a los intereses de los accionistas cuyos derechos se pretender defender".







