El gerente del vertedero niega un trato de favor a la empresa Layna.

Declaración del gerente de la empresa Salmedina, donde según la Fiscalía se llevaban residuos de obra mezclados con residuos peligrosos, extremo que él ha negado.

 J.J.G.L comercial de la planta gestionada por Layna que se incendió en Chiloeches (Guadalajara) ocurrido en agosto de 2016 y acusado en el juicio por este incendio, ha declarado este jueves que el ex viceconsejero de la Junta Sergio David González Egido asesoraba en materia de residuos peligrosos al Grupo Layna.

"En Grupo Layna, el que asesoraba en todo el tema de residuos peligrosos era Sergio David”, ha señalado en su declaración en la séptima sesión del juicio en el que están acusadas 18 personas y tres empresas y en las que serán llamados más de 120 testigos.

Ha declarado que su relación con los hermanos Layna comenzó por su relación en el sector de la gestión de residuos peligrosos y que Sergio Layna, uno de los responsables de la planta incendiada, le invitó a hablar con una persona de su confianza que era Sergio David González Egido, quien fuera viceconsejero de la Junta cuando ardió la planta.

"El mediador fue en todo momento Sergio David. No sé si es el socio o el amigo, pero estuvo en todo”, ha señalado y ha añadido que él se le encomendó buscar clientes como comercial pero "no tuvo nada que ver en autorizaciones ni demás tramitaciones".

En su declaración de los hermanos Layna, el pasado día 5, negaron que recibieran trato de favor de los funcionarios de la Junta en su actividad.

Los residuos peligrosos, más caros

Para la Fiscalía y según la investigación, J.J.G.L como trabajador de Layna, en connivencia con los hermanos Layna permitió la entrada de residuos peligrosos en la planta que tenían alquilada a Kuk Medioambiente S.L. y los mezcló con otro tipo de residuos para, seguidamente, dar salida a la mezcla de residuos como residuos de construcción y demolición. [Hay que hacer constar que por un residuo de material de construcción se paga 6 euro/ metro cuadrado, mientras que la tonalada de los residuos peligrosos tratados sube a 200/300 euros, según el gerente de Salmedina].

A continuación, se daba entrada a esta mezcla en el vertedero de residuos inertes de Salmedina en Valdemingómez (Madrid) en connivencia con otro acusado, que era gerente de la entidad Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes S.L., previo su transporte por carretera con camiones bañera de Grupo Layna. Esa es la versión del Ministerio Fiscal. Sin embargo, el gerente de Salmedina, la empresa a la que el grupo Layna llevaba sus residuos ha declarado nunca se dio trato de favor a esa empresa en su vertedero y que su misión no era valorizar los residuos que les llevaban.

La Fiscalía pide para J.J.G.L nueve años de cárcel y, en concreto, pide dos años de cárcel por el delito de participación en grupo criminal; cuatro años de cárcel por el delito de gestión peligrosa de residuos o, de forma alternativa, por delito contra el medio ambiente y tres años más de cárcel por el delito continuado de falsedad de documento mercantil. Los tres hermanos, en su deposición ante el juez, derivaron las acusaciones sobre ellos en este comercial, al asegurar que tras su llegada a la empresa, les habló de la posibilidad de abrir negocio con la gestión de residuos peligrosos ya que él tenía una cartera de clientes en la zona.

Por su parte, también ha declarado el gerente de la planta de Salmedina, J.A.M.G, quien no ha aclarado por qué los residuos que llegaban a su planta de Layna de Chiloeches aparecían como si viniesen de Alcalá, donde Layna tiene otra planta, aunque ha matizado que por aquella época  eras habitual poner en los albaranes la razón social de la empresa, que era Alcalá, y no el lugar de procedencia de los residuos, que en su caso sereía Chiloeches. También ha asegurado que Kuk nunca fue cliente suyo.

Para el gerente de la planta de Salmedina, J.A.M.G, la Fiscalía pide una pena de 9 años de cárcel, en concreto, dos años de prisión por un delito de participación en grupo criminal y siete años más por delito agravado de gestión peligrosa de residuos o, de forma alternativa, por el delito agravado contra el medio ambiente.

Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2016 pero la causa, muy compleja por sus diversas vertientes e implicados, ha tenido un largo proceso de investigación que conlleva un macrojuicio con cerca de 120 testigos y 21 acusados que se prolongará durante tres meses.

La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para un total de 21 acusados -18 personas y 3 empresas- según señala en su escrito de más de 90 páginas.

El escrito señala que, tras la investigación del incendio de la planta de residuos de Chiloeches, se determinó que el fuego fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.

Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, provocó vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola y la contaminación de miles de toneladas de tierra.