Ante la gravedad de los hechos la jueza abre un nuevo procedimiento judicial

Tras más de dos años, este martes se enjuiciaba en el juzgado número 1 de Guadalajara el desalojo de alta tensión que se vivió en septiembre de 2022 en el edificio amarillo de Francisco Aritio en Guadalajara capital y la vista no pudo ser más sorpresiva.

Según ha confirmado a Guadalajara Diario, el abogado de la acusación, la vista quedó suspendida en cuanto la jueza tomó declaración a los primeros denunciantes que le informaron de cómo habían sido sacados a la fuerza de sus viviendas. Ante la gravedad de los hechos la titular del juzgado ha decidido que estos delitos no sean juzgados como faltas leves, como estaba previsto, sino como un delito grave o allanamiento de morada dando la razón a la petición que realizaba la acusación particular desde un principio.  

Hay que recordar que la acusación había pedido en varias ocasiones, incluso ante la Audiencia que el caso fuera considerado como falta grave y allanamiento de morada pero no habían sido atendidas sus peticiones. Esto podría suponer que el caso fuera juzgado en la Audiencia Provincial de Guadalajara mediante jurado popular.

La denuncia ha sido interpuesta por once particulares, según ha confirmado su abogado, y diversas empresas y los denunciados son A.F.L.G. , que fue quien dirigió el operativo, y de forma solidaria (por qué así lo establece la ley) la empresa Desokupa Expres que es quien se encargó de vaciar los pisos.

Un nuevo proceso

Con este cambio todo el procedimiento que había hasta ahora queda anulado y se abre un nuevo proceso. El primer paso se dará el día 20 de junio con la toma de declaraciones a los demandantes que explicarán qué ocurrió ese día cuando 25 personas pertenecientes a una empresa de desokupación, procedieron a desalojar 96 pisos de ese bloque pidiendo a los desalojados el contrato de alquiler, de manera que si no lo tenían era expulsados de sus casas. Un desalojo que afectó por igual a personas que estaban viviendo de forma legal en los apartamentos, como a los que habían entrado de forma ilegal a los mismos.

En el edificio convivían, desde hacía siete años, familias que estaban en situación legal junto con otras que se habían apoderado de casas, propiedad de Unicaja: sin tener ningún derecho sobre ellas y sin que el banco hiciese nada por recuperarlas. El comportamiento incívico de los okupas, con basura por todas partes, e incluso situaciones de delincuencia, derivó en esta situación insostenible.

La mayoría de los denunciantes son vecinos que tenían un contrato de alquiler con Unicaja y que fueron violentados y echados de su vivienda por los miembros de Desokupa Exprés según denuncian los afectados. Aseguran que entraron en las casas a primera hora de la mañana derribando puertas y gritando “¡Policía Nacional!”.

Desde Desokupa Express afirmaron que si se sacó a gente que estaba legalmente es porque en ese momento no acreditaron tener ningún tipo de contrato.

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