Se juzga a 27 acusados por presunto engaño de 29 millones de euros en los pagos de IVA
Priera sesión del macrojuicio del IVA en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Imagen CM Media y TSCLM.
La Audiencia Provincial de Guadalajara ha celebrado este miércoles la primera jornada del juicio contra 27 personas acusadas de defraudar 29 millones de euros del IVA, un delito por el que la Fiscalía pide penas de hasta 18 años y medio de prisión, mientras que la Defensa reclama la nulidad del juicio.
Según ha señalado el Ministerio Fiscal, los acusados, puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se estructuraron mediante un entramado del tipo conocido como “fraude carrusel”, creando una trama organizada dedicada a la defraudación del IVA.
Este fraude consiste en la venta interior de componentes informáticos adquiridos de otros países de la Unión Europea, repercutiendo el IVA, pero no ingresándolo, “beneficiándose de manera claramente estructurada, consciente y premeditada, utilizando para ello truchas, truchas remotas, pantallas y distribuidoras”.
En concreto, dejaron de ingresar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por importes de cerca de 29 millones de euros, en concreto, 5.907.058,54 euros, 5.380.201,40 euros, 11.344.081,14 euros y 6.671.979,84 euros en 2014, 2015, 2016 y 2017, respectivamente.
Se trata de la primera de las vistas que se celebrarán para juzgar esta macro causa y que se extenderá hasta el próximo 29 de junio.
La vista se ha desarrollado en las cuestiones previas en las que varias acusaciones han pedido la nulidad del procedimiento por vulneración del derecho de tutela legal al haber privado los medios de prueba preciso para presentar su escrito de calificaciones.
Además, otros abogados de la defensa consideran dilación previas que lleva a juzgarse ahora unos hechos de 2014, 2015, 2016 y 2017.
Asimismo, varios letrados de diferentes acusados consideran que existe inconcreción efectiva de los hechos con la relación a cada uno de los acusados; en uno de los casos el letrado ha señalado que su defendido entró a trabajar en 2015 cuando se le acusa de hechos acaecidos en 2015.
Por su parte, el Ministerio Fiscal se ha manifestado en contra de estas cuestiones previas alegadas por las acusaciones señalando que el escrito es claro en cuanto a los delitos y que la causa es compleja, con numerosos acusados e ingente documentación que ha llevado meses escanear simplemente por lo que no puede alegarse dilación indebida.
Ninguna de estas peticiones ha sido admitidas dando al razón al Fiscal.
El Ministerio Fiscal ha ratificado que la totalidad de las empresas integrantes de la trama acusados, “actuaban de forma conjunta y estructurada en una organización societaria dirigida y gestionada de forma unitaria, con la única finalidad de defraudar el IVA”, según recoge su escrito.
Para ello, se realizaban adquisiciones intracomunitarias, básicamente por la entidad JGG UNIQUE WAY, aunque también por otras, por un importe total de 38.652.284,52 euros.
Los productos adquiridos a través de esta eran, a su vez, trasmitidos a terceros clientes nacionales externos, cuyas ventas se han estimado en un importe de 31.676.601,13 euros.
Las entidades de la trama se deducían facturas falsas, consignando en sus declaraciones tributarias cuotas soportadas ficticias por esas facturas, para evitar ingresar el IVA, que repercutían a sus clientes, obteniendo importantes beneficios económicos.
Según el escrito Fiscal, dicha estructura organizada estaba dirigida por J.G.G. y J.C.M.B., los cuales crearon un entramado de empresas pantalla para la introducción en España de material informático sin ingresar el IVA repercutido, sirviéndose de facturas falsas emitidas por entidades instrumentales de la trama.
Por debajo de los dos directores de la trama estaban las acusadas T.G.G., hija de J.G.G. y con funciones de control de la contabilidad, y S.R.J., pareja de J.C.M.B. y administradora única de una sociedad pantalla sin actividad real y a cuyo teléfono llegaban los códigos bancarios para realizar transferencias.
Además, se juzga a otras 23 personas de empresas necesarias en la trama así como testaferros, todos ellos actuaron como cooperadores en pleno conocimiento de la actividad defraudatoria.
Estos hechos son constitutivos de cuatro delitos de defraudación tributaria correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 con un delito continuado de falsedad documental por el que se piden penas totales de entre 12 años y medio y 18 años y medio de prisión.
EFE
