El caso Avicu vuelve a los tribunales, en este caso al Juzgado Número 4 de Guadalajara por un presunto delito de estafa procesal. El demandante es uno de los acreedores de la antigua empresa avícola, Cerquia Urbania S.L. La querella fue admitida por el juzgado y el próximo jueves 23 de enero declararán en calidad de imputados los hermanos Jesús María y Francisco Javier Saboya de la Fuente.
El Juzgado Número 4 de Guadalajara admitió la querella interpuesta por Cerquia y en auto de fecha 5 de noviembre de 2013 dictaminó que la misma reunía los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El citado auto entiende que según se desprende de los hechos denunciados “hacen presumir la posible existencia de delito/s de estafe procesal y un delito del artículo 251 del Código Penal”.
No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados por presunta estafa, el juzgado acordó practicar las diligencias previas. A tal fin se han liberado los correspondientes exhortos al juzgado Mercantil de Guadalajara para la identificación del administración concursal de Avicu, y respecto a las empresas Martinher y Crown Financial se les notifica la interposición de la citada querella.
Por último, en el caso de los hermanos Saboya de la Fuente se les tomará declaración en calidad de imputados.
Tres millones de deuda
Cerquia reclama tres millones de deuda a los dueños de Avicu. Los hechos denunciados se remontan a 2007. Cerquia, fundada un año antes por el empresario alcarreño Carlos Cercadillo tras su salida del accionariado de Hercesa, abonó tres millones a Saboya para la adquisición de un inmueble urbano propiedad de Avicu en Guadalajara, pero luego el contrato resultó incumplido. Posteriormente, en 2008, Avicu se declaró en concurso de acreedores, lo que permitió que la deuda fuera reconocida como crédito ordinario dentro del proceso concursal de esta firma.
Liquidación de Avicu
En julio de 2013, también el juzgado número 4 de Guadalajara falló en sentencia la liquidación de la concursada Avicu S.A. y declaró "incumplido"el convenio con los acreedores. Igualmente destituyó a los administradores sociales (los hermanos Jesús María Saboya y Francisco Javier Saboya) y rehabilitó a la administración concursal, que es la encargada de liquidar los bienes de la empresa.
La empresa que instó el incumplimiento del convenio, Cerquia, inició entonces nuevas acciones ante los Juzgados de Madrid y Guadalajara con el fin de esclarecer la realidad de las actuaciones que se han producido en este concurso y determinar posibles responsabilidades, ya que Cerquia entiende que ser produjo una estafa procesal.
Según ha podido saber GD, hay varias demandas más interpuestas, además de esta que entiende el juzgado número 4 de Guadalajara.
Carlos Cercadillo declaró entonces a GD que durante todo el proceso concursal fue "frustrante soportar tantas maquinaciones orquestadas que no tenían ninguna intención de sacar la empresa adelante ni satisfacer los créditos con los acreedores”, entre los que se encontraban los trabajadores que también respaldaron la liquidación de la misma.
Avicu tenía cerca de 450 empleados cuando cerró y en 2008 se declaró el concurso de acreedores. Los trabajadores tienen una sentencia en firme de 45 días por año trabajado, aunque solo han cobrado la anualidad que les pagó el Fogasa en 2009.
