Gobierno, comunidades y municipios han acordado una respuesta coordinada ante rebrotes en residencias, que incluye la obligación de los centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19.

Esa actuación unificada se ha adoptado en una reunión celebrada este martes en el Ministerio de Derechos Sociales entre el secretario de Estado, Nacho Álvarez, y los consejeros de Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los representantes de las administraciones, que volverán a reunirse el 24 de julio, han coincidido en que la reciente reaparición de casos de covid-19 en centros sociales residenciales refuerza la urgencia de articular esas medidas "con un mayor detalle y comunicarlas a la ciudadanía", explican en un documento acordado en la reunión, al que ha tenido acceso Efe.

Deberán comunicar de manera obligatoria posibles casos

Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posibles casos de covid al sistema de salud, disponer de un protocolo de actuación para la coordinación con el sistema de salud para asegurar la atención de los residentes y realizar periódicamente pruebas de diagnóstico a residentes y personal.

Sanidad y Derechos Sociales propondrán, y coordinarán con las comunidades autónomas, un sistema de recogida directa de datos de los centros que permita disponer de un registro para conocer en tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y sociales.

Estas propuestas se incluyen en los documentos de recomendaciones acordados, que el Gobierno ha trasladado a las regiones: una lista de verificación con las condiciones que deben cumplir los planes de contingencia de las residencias y el Plan de Respuesta Temprana adaptado al ámbito residencial.

El protocolo

En el Plan se establece que ante la detección de un caso, será indicativa de la aparición de un brote, lo que implicará: la notificación a las autoridades sanitarias; el aislamiento del caso; la cuarentena de los contactos estrechos; y la búsqueda activa de casos. Esto implicará también pruebas PCR a todas las personas que residen o trabajan en el centro.

En el caso de contagio y siempre que sea necesario, las autoridades sanitarias garantizarán el acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en estos centros "en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía", indica.

Se designará a una persona del centro "con capacidad de comunicar datos de la situación diaria, mantener el contacto con las autoridades y activar los protocolos sanitarios".

Los protocolos de las residencias deben tener un plan sobre las decisiones a adoptar con relación a las visitas de familiares a residentes (incluyendo la posibilidad de utilizar medios alternativos, como videoconferencias) y salidas del centro en función de los diferentes escenarios.

La actuación de las residencias deben ir encaminadas a la humanización de la atención, previendo en la planificación de la atención el mantenimiento máximo de la dignidad de la persona de acuerdo a sus decisiones y voluntades anticipadas, señala el documento sobre el que han trabajado las administraciones.

En el caso de centros de gran tamaño, "se valorará la posibilidad de llevar a cabo la sectorización de la residencia en unidades de convivencia más pequeñas como medida preventiva, reduciendo así, en lo posible, el número de contactos estrechos entre personal y residentes".

El consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha expresado su inquietud por el hecho de que el Gobierno "siga sin compartir" con las comunidades la situación de las residencias de personas mayores, algo que cree "fundamental" porque para actuar se precisa de información "fiable" a nivel nacional.

Fuentes de la FEMP, han explicado que representantes de las tres administraciones celebrarán reuniones periódicas cada 15 días salvo que la situación actual de los rebrotes de covid "exijan una anticipación de escenarios".

En Aragón, el presidente Javier Lambán ha anunciado una ayuda de 1,5 millones de euros para que los centros sociorresidenciales puedan afrontar costes adicionales causados por la covid-19, enfermedad que ha vuelto a entrar en 47 establecimientos de la Comunidad y ha contagiado a 294 residentes y 100 profesionales.

Fotos: Tareas de desinfección en la residencia de Tamajón.