Ayuntamiento de Yebes.El alcalde de Yebes, Joaquín Ormazábal, independiente que gobierna en coalición con el PSOE, ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía la compra de los terrenos donde se construyó el nuevo ayuntamiento. La compra data nada menos que de hace siete años, el 2007.

 Según un comunicado del Ayuntamiento de Yebes, 901’5 €/m2 fue el precio que se pagó por los terrenos en los que hoy se levanta el edificio del Ayuntamiento de Yebes. La operación se fraguó en 2007, durante el último mandato de Aurelio Sánchez Nicolás al frente de la Alcaldía, y el montante total se elevó a 381.577,36 euros.

A Ormazábal le llama la atención que el precio medio de las compras públicas de suelo que se negociaban en aquella época en este pueblo estaba en unos 300-400 euros por metro cuadrado, "es decir, una tercera parte de lo que se abonó".

Solares propiedad de familiares de un concejal

Los solares sumaban una superficie de 423 m2, eran propiedad de dos familiares directos del entonces concejal de Urbanismo y posterior alcalde del PP, José Antonio Hernández, y fueron adquiridos como parte del proyecto de ampliación del Ayuntamiento.

Joaquín Ormazábal denuncia el “indecente despilfarro” de este “megalómano proyecto”, cuyo coste global ascendió a dos millones de euros. La operación contó con los informes favorables de la Secretaría-Intervención, cuyo titular ha tenido notorios enfrentamientos con el actual alcalde.

El edificio del Ayuntamiento de Yebes se ubica en la Plaza Mayor del pueblo y fue inaugurado en diciembre de 2009 sobre el emplazamiento original, de acuerdo con la reforma que se llevó a cabo de la antigua Casa Consistorial y que databa de mediados del siglo XX. Ocupa un solar de 700,30 m2 y tiene una superficie útil de 1.674,12 metros cuadrados. La última planta está completamente desocupada y en la actualidad allí apenas trabajan seis funcionarios. “Los costes de mantenimiento de este edificio innecesario son una auténtica lacra. Hasta el punto de que las facturas de electricidad son más caras que las del Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’”, añade el alcalde de Yebes.

El Gobierno municipal de Yebes también comunica que pondrá en conocimiento de la Justicia "la posible prevaricación en la que habría incurrido el secretario-interventor, con la connivencia de la anterior Administración del Partido Popular, por la liberación del teniente de alcalde con el Gobierno de José Antonio Hernández". Militar de profesión,  Juan Manuel López Torrecilla se encontraba en situación de reserva y percibía dos sueldos del erario público, dice la nota del Ayuntamiento, por lo que durante un tiempo "cobró dos nóminas públicas, contraviniendo lo dispuesto por la legislación vigente". "Poco después renunció al segundo pero, curiosamente, nunca se le reclamó al no sumarse a una moción de censura contra el propio alcalde”, resume el edil.

Colegio Luz de Yebes, también a la Fiscalía

Con el fin de que se depuren las presuntas responsabilidad a las que pudiera dar lugar, el equipo de Gobierno tiene intención de entregar a la Fiscalía Provincial de Guadalajara el expediente del proceso de adjudicación de la concesión administrativa al colegio ‘Luz de Yebes’, que lleva más de cuatro años en concurso de acreedores. El franquiciado del centro es Alfedel SL, acrónimo que identifica a Alfonso Ferrón del Río, sociedad que figura en la lista de empresas implicadas en la ‘Operación Púnica’ y cuyas discrepancias con los cooperativistas derivaron en un pleito penal entre ambos.

“Queremos que se investiguen las circunstancias que rodearon aquella concesión y el papel de los participantes, desde al alcalde y la Secretaría-Intervención hasta Alfedel y la entidad bancaria CCM”, anuncia Joaquín Ormazábal. El alcalde asegura que los vecinos del municipio “tienen derecho a saber” dónde fue a parar la diferencia entre el préstamo de 22 millones de euros que se le concedió a la sociedad y los 7 millones de euros en los que está tasado el centro.

El Ayuntamiento critica que contaba con un periodo de explotación del suelo de 50 años, por lo que las consecuencias que se podrían derivar del cierre supondrían un serio varapalo para el Ayuntamiento. “En caso de tener que acudir al rescate, tendríamos que indemnizar a la adjudicataria como propietaria de las instalaciones con una millonada”, advierte. Todo ello se produjo durante el mandato de Aurelio Sánchez Nicolás, edil durante 24 años del Partido Popular.