El actual presidente de la compañía rechaza las imputaciones y defiende la valoración de activos. 

 El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar al presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, a su antecesor en el cargo, el empresario alcarreño Juan Antonio Ibáñez, y a otras 14 personas físicas por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015, delitos que rechaza aquel en un comunicado que hoy ha enviado a la CNMV.

El juez aprecia presuntos delitos de estafa, al mercado y los consumidores, delitos societarios y administración desleal por irregularidades en valoraciones de activos y plusvalías realizadas para la ampliación de capital por 384 millones de euros del año 2015. Propone extender el juicio a siete mercantiles, entre ellas, Grant Thornton.

El auto, que también se dirige contra Urbas en calidad de persona jurídica y otras siete mercantiles, entre las que se encuentra la firma Grant Thornton -realizó informe que avalaba la citada valoración de activos-, termina la instrucción sobre las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Según la tesis del magistrado, la compañía expidió informes "con conocimiento de que contenían una ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira", lo que conllevaba "un engaño hacia los accionistas de Urbas".

El juez aprecia indicios de presuntos delitos de estafa, al mercado y los consumidores, varios delitos societarios y administración desleal.

Urbas rechaza las imputaciones

Estas imputaciones han sido rechazadas por el presidente actual de la compañía, Juan Antonio Acedo,en una carta remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En ella se aclara que no es una resolución firme, no es sino un paso más en la tramitación de un procedimiento que se inició en el año 2016, y un hecho "previsible y descontado por la Compañía".

Urbas asegura sobre la cuestión de fondo que las entidades tasadoras, el experto independiente y los profesionales externos han ratificado en el desarrollo del procedimiento judicial el proceso seguido para la ampliación de capital y las valoraciones empleadas en la misma. "Además, las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital fueron ratificadas, una vez iniciado el procedimiento de instrucción y a solicitud de la CNMV, con nuevas tasaciones para una parte significativa de los mismos realizadas por entidades tasadoras distintas de las utilizadas inicialmente. El resultado de estas nuevas tasaciones fue una valoración de los activos aportados en la ampliación de capital de 528 millones de euros, es decir, 19 millones de euros superior a la valoración de esos mismos activos en la ampliación de capital de 2015. Así,la CNMV acordó el 28 de diciembre de 2017 el levantamiento de la suspensión de cotización
que había previamente acordado el 13 de septiembre del mismo año", recuerda en su carta el presidente de Urbas.

"Igualmente, la Compañía sigue tasando anualmente los activos aportados en la ampliación de capital (además del resto de sus activos), resultando de dichas tasaciones unos valores iguales o superiores a los valores en que los mismos fueron aportados en la ampliación de capital", explica Acedo en su carta a la CNMV.

Por todo ello, avanza que el contenido de esta resolución judicial "no interfiere con el desarrollo del Plan de Negocio de la Compañía, con sus actividades u operaciones ordinarias, con su cotización en el mercado continuo, ni con las recientes operaciones mercantiles de expansión y adquisición de nuevos negocios ejecutadas por ésta".

Hoy mismo, en otra comunicación a la CNMV, Urbas informa al mercado que, en el marco del plan estratégico para el desarrollo de su actividad de promoción inmobiliaria, se ha adjudicado a través de su filial MURIAS la promoción para el desarrollo de un nuevo complejo de edificios en Bilbao que acogerá la futura Escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari (BAM) y un hospital para una conocida mutua colaboradora de la Seguridad Social.

Urbas tuvo su oficina principal en Guadalajara después de fusionarse con una inmobiliaria local Guadahermosa de la que era presidente el abogado Javier de Irízar y Consejero Delegado Juan Antonio Ibáñez. Irízar dejó la presidencia y vendió sus activos en la compañía en 2008, y la empresa se trasladó a Madrid donde siguió operando ya con el nombre de Urbas Grupo Financiero.