Vuelvo a utilizar estas páginas para expresar mi perplejidad antes las opiniones, artículos, demandas y demás ocurrencias sobre la noticia acerca de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contrata la redacción del proyecto para la construcción de una vivienda para el duque del Infantado en el interior del palacio del mismo nombre.

Vamos a ver: tras varios años y una demanda interpuesta por el duque del Infantado para que se cumpla el convenio, por el cual se le debía construir una casa en el interior del palacio, el juzgado ha dictado sentencia: que se le construya la casa, tal y como estaba pactado.

Así, pues, el duque lo único que ha demandado es que se cumpla el pacto firmado en los años 60, y al que nos guste o no tenía derecho. El juzgado, evidentemente, dicta sentencia en este sentido y da la razón al duque.

Me consta fehacientemente que diferentes gobiernos estatales y autonómicos, y de diferente signo político, han intentado infructuosamente (y he de decir que sin mucha insistencia) solucionar este asunto, pactando otras alternativas con el duque del Infantado. Ante estos desencuentros el duque se ve obligado a hacer cumplir el convenio y a tal efecto acude a los juzgados. Por lo tanto, esta sentencia judicial significa el fracaso de las negociaciones por parte de los políticos y de las administraciones públicas, especialmente por parte del Estado copropietario del inmueble.

Ante esta triste situación creo que ni el Partido Popular ni el PSOE deben rasgarse las vestiduras, ya que ambos partidos han gobernado las instituciones que hubiesen podido cambiar esta situación. Repito que me constan las conversaciones y ofrecimientos desde la Junta de Comunidades y desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero este no es un tema baladí y se debería haber seguido insistiendo en la búsqueda de soluciones alternativas.

Es increíble que en el año 2017 se tenga que construir una casa para un particular dentro del monumento más importante y singular de la provincia de Guadalajara. Pactos y negociaciones más difíciles hemos visto, por lo que pregunto:¿este asunto no se ha podido solucionar de otra forma?.

Creo que seguimos estando a tiempo y a pesar de la sentencia judicial, y antes de proceder a su ejecución nuestros representantes políticos autonómicos y municipales deberían aunar esfuerzos con la administración del Estado en la búsqueda de soluciones y nuevas alternativas, que seguro que las hay. Pero, por favor, en este asunto no nos beneficia que los políticos se tiren los trastos unos a otros, en primer lugar porque todos han tenido que ver algo en algún momento con este despropósito, y en segundo lugar porque esto no sirve de nada para evitar una sentencia judicial.

Por favor, representantes políticos y administraciones implicadas: vuelvan a trabajar en este sentido, y sin desaliento, que todavía estamos a tiempo de evitar este despropósito.

Miguel Ángel García Valero

García Valero es profesor de la UNED y experto en Patrimonio