El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha acordado la suspensión cautelar de los pliegos para adjudicar el servicio provincial de basuras tras los recursos promovidos por PSOE e IU.
Por tanto, el procedimiento de licitación queda paralizado hasta que el mismo Tribunal dicte resolución sobre el fondo de los recursos interpuestos tanto por el Grupo Socialista de la Diputación, el de Izquierda Unida y el alcalde socialista de Hiendelaencina, Mariano Escribano. En todos ellos se solicitaba la adopción de medidas provisionales de suspensión del procedimiento de contratación.
En los fundamentos de derecho, se explica que “el análisis de los motivos que fundamentan los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación”.
El recurso interpuesto por el Grupo Socialista se basa en la falta de claridad de las cuentas que ha presentado la Diputación: "ningún técnico de la Diputación se ha hecho responsable de los datos económicos y tampoco se han dado a conocer los informes elaborados por una empresa externa en los que se sustentan los pliegos aprobados por el Equipo de Gobierno del PP".
Según el PSOE, aunque la información remitida por la Diputación indica que hay unos 60 municipios adheridos, "en realidad faltan los acuerdos de pleno de cinco de ellos y 15 más han puesto reparos a la adhesión. Incluso, ocho de estos han manifestado su deseo de quedar excluidos si no se cumplen las condiciones acordadas en el pleno municipal", se añade.
Por su parte, el equipo de Gobierno de Diputación, siempre ha defendido la legalidad del procedimiento y acusa de “obstruccionismo” al Grupo Socialista que preside la ex presidenta María Antonia Pérez León en relación con la puesta en marcha del nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos que está impulsando la Diputación.
