Entorno del Palacio del Infantado repleto de una publicidad no permitida por la ordenanza. Siete meses después de la entrada en vigor de la Ordenanza de Publicidad del Ayuntamiento de Guadalajara siguen sin verse cambios importantes en los carteles publicitarios del casco histórico de la ciudad.
La publicidad en el casco histórico deberá adaptarse a una nueva ordenanza menos permisiva
La situación es fácil de comprobar en el entorno del Palacio del Infantado donde los comercios siguen mostrando los mismos carteles de siempre.
El más llamativo, el situado junto al Palacio del Infantado, sigue teniendo, meses después de entrar la ordenanza en vigor, los mismos carteles que años atrás. Tan sólo se ha retirado una gran pancarta de color amarillo que anunciaba alquileres de locales en el edificio.
Puestos en contacto con el Ayuntamiento de Guadalajara para conocer los pasos que se están dando en el cumplimiento de la normativa y si se ha abierto ya algún expediente a los comercios incumplidores, la concejala responsable, Isabel Nogueroles, tan sólo ha señalado que “los técnicos municipales están trabajando para cumplir la normativa” pero que no hay más información al respecto.
“En tierra de nadie”
Según ha podido comprobar Guadalajara Diario la mayor parte de los carteles que incumplen la normativa pertenecen a empresas que ya no existen, mientras que otras que se han instalado en el edificio no han recibido la autorización municipal para publicitarse.
Es el caso de UGT Guadalajara que desde hace dos años ocupa unas oficinas en las que estuvo en su día un periódico local. Según responsables de UGT en este tiempo han solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento que se retiren los carteles de esa empresa pero la institución les pidió tiempo para llevarlo a cabo alegando la existencia de una moratoria y señalando que tenía que ser la propia empresa anunciadora quien los quitara. Dos años después las cosas siguen igual y el Ayuntamiento tampoco ha permitido al sindicato poner ningún cartel publicitario anunciando su sede “Así estamos- señalan esas fuentes- en tierra de nadie”.
El incumplimiento de la ordenanza fue denunciado por el grupo municipal socialista en agosto de 2016 señalando en aquel momento que no se había abierto ni un solo expediente a pesar de que llevaba un mes en vigor. Siete meses después el Ayuntamiento tampoco facilita datos oficiales actualizados sobre el tema.
Recordar que la ordenanza establece que para instalar carteles publicitarios en el entorno de edificios catalogados y en el entorno de Bienes de Interés Cultural (BIC), es necesario un informe previo de la Comisión Provincial de Patrimonio. La ley prevé sanciones que oscilan entre los 750 euros para las faltas leves y los 3000 euros en los casos más graves.
Además la ordenanza incluye la posibilidad de que se convoque una comisión técnica de publicidad en los casos en que concurran circunstancias especiales, una comisión que, de momento, no se sabe si se ha convocado.
