Y acusa al alcalde y a otros concejales de respaldarlo.
Jaime Carnicero, esta mañana en rueda de prensa, con los ediles Engonga y Alguacil.
El portavoz del Grupo Popular y ex vicealcalde, Jaime Carnicero, ha asegurado esta mañana que el convenio para la construcción de un vertedero en el término municipal de Guadalajara, que data del 31 de marzo de 2009 y que se firmó entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la mercantil Cespa es un acuerdo que se firmó con todos los informes favorables, “como no podía ser de otra manera”, y que surge derivado de las responsabilidades de la empresa, toda vez que en ese momento era la encargada de la limpieza y tratamiento de residuos en cuya adjudicación se había comprometido a la gestión y tratamiento de todos los residuos que en un primer momento iban al vertedero en Chiloeches hasta que abrió el de Torija.
Sin embargo, según el portavoz popular, “ese convenio al que se agarra Alberto Rojo para decir que está atado por las decisiones de Antonio Román no tiene validez ni relación jurídica alguna hoy en día”. De hecho, añade, en 2016 la empresa realiza un recurso para que se devuelva el dinero aportado -450.000 euros- puesto que no se habían construido los plantas y "dejando negro sobre blanco en que no ha tenido ninguna validez jurídica puesto que la causa y el objeto del contrato ha decaído por no haber llevado a cabo la construcción".
Convenio "caducado"
Carnicero ha detallado las razones por las que a su entender ese convenio a día de hoy ha caducado: "en la estipulación primera determina que el objeto del convenio es regular las condiciones de gestión del Centro o Centros “..” hasta que termine su vida útil, se colmate y/o clausuren, no siendo inferior a diez años desde la firma del convenio; el contrato de gestión de limpieza viaria y recogida de RSU que unía a Cespa (Ferrovial) con el Ayuntamiento de Guadalajara finalizó en el año 2015, y como tal las obligaciones que tenía contraídas en la gestión de esa tipología de residuos. A fecha de la finalización contractual, Cespa no había procedido a la realización de ninguno de los Centros y como tal quedaba sin objeto (por la desaparición de la prestación principal) el convenio y como tal caducó; y tercera razón por la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público que establece en Disposición adicional octava la “Adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local” y que “Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley”. Al no haberse adaptado carece de toda validez legal, sostiene Carnicero.
Carnicero sospecha, en cambio, que ese vertedero que no se hizo en la época de Román, sí se hará con Alberto Rojo, que según aquel sí conocía el proyecto por sus anteriores responsabilidades políticas en la Junta y por "varios de los concejales de su actual equipo de gobierno en sus diferentes responsabilidades tanto públicas como en el sector privado”.
