Pérez León en la rueda de prensaEl Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, como hizo ya IU, ha presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que suspenda cautelarmente los pliegos de adjudicación del servicio provincial de basuras, aprobados en el pleno de la Diputación del 30 de septiembre, "para que puedan subsanarse las ilegalidades" que, a juicio del PSOE y de algunos ayuntamientos, contiene el proyecto.

 La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, ha dicho en rueda de prensa que “el PSOE siempre ha manifestado que sería bueno contar con un servicio provincial de recogida de basuras, pero de la mano de los ayuntamientos, con transparencia y cuentas claras” y, por tanto, “el recurso no es contra la creación del servicio, sino contra la chapuza, llena de ilegalidades, que quieren sacar adelante Guarinos y Robisco”.

Según ha explicado Pérez León, el recurso del PSOE, se basa en primer lugar en “las cuentas que presenta la Diputación, fundamentales para que el Ministerio pueda autorizar el proyecto, no están nada claras”. De hecho, ningún funcionario o técnico de la Diputación se hace responsable de los datos económicos de la puesta en marcha del servicio provincial de basuras, cuando “es un criterio crucial para que el Ministerio de Hacienda autorice su creación, ya que solo lo autorizaría en caso de que la Diputación pueda garantizar que ofrece el servicio a menor coste del que ahora tienen los ayuntamientos”.

Hasta ahora, ha resaltado la portavoz socialista, “Guarinos no ha enseñado los informes económicos que supuestamente ha hecho una empresa externa para poder contrastar si de verdad el servicio que quiere crear cuesta menos dinero a los ayuntamientos de la provincia”.

Pérez León: "Han mentido sobre los municipios adheridos"

El segundo gran argumento del recurso del Grupo Socialista ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es que “Guarinos y Robisco han mentido al Ministerio, diciéndole que hay unos 60 municipios adheridos, cuando en realidad faltan cinco acuerdos de pleno de los ayuntamientos incluidos en esa lista (Humanes, Villel de Mesa, Matarrubia, Barriopedro y Alaminos), y hay otros 15 que han puesto condiciones a su adhesión, de los que 8 (Bustares, Hiendelaencina, El Ordial, Zarzuela de Jadraque, Las Navas de Jadraque, San Andrés del Congosto, Villares de Jadraque y La Bodera) han manifestado expresamente que no quieren estar adheridos”.

María Antonia Pérez León ha reiterado que “inicialmente pedimos al Tribunal Administrativo del Ministerio de Hacienda que suspenda cautelarmente los pliegos del servicio para que pueda subsanarse todo esto” y “más tarde obligue a la Diputación a cambiar esos pliegos, a que vuelva a hablar con los municipios y que las cuentas estén claras, con los informes técnicos pertinentes, para que todos juntos podamos apoyar un servicio que puede ser bueno, pero bien hecho y sin chapuzas”.

Izquierda Unida ha pedido también la suspensión cautelar al ministerio de Hacienda.