El lunes 9 de noviembre el Parlamento  autonómico de Cataluña aprobó con 73 votos, los de Junts pel Si y CUP, y 62 en contra, los de Ciudadanos, PSC, PP y Sí Se Puede, una resolución para que en el plazo de un mes dé comienzo la tramitación de leyes de un proceso constituyent , de la Seguridad Social y de Hacienda , que serían la base de la hipotética Republica de Cataluña. Esa resolución también advierte que no se hará caso a las decisiones que adopten las instituciones del Estado , en particular el Tribunal Constitucional.

 Es este  un acuerdo totalmente fuera de la ley , golpista e irracional , ya que un 48% de los ciudadanos  , que es lo que representan los partidos que la apoyan , según la votación del 27 de septiembre, que ellos consideran plebiscitaria a favor de la ruptura con España, quieren imponer su voluntad , dividir a los catalanes y romper una nación como la nuestra con más de 500 años de existencia  y por tanto la más antigua de Europa.

  Ante este desafío soberanista, las fuerzas democráticas lideradas por el presidente del gobierno Mariano Rajoy y con el respaldo de los líderes del PSOE Pedro Sánchez y de Ciudadanos Albert Rivera , van hacer frente común utilizando todos los medios que la Constitución y las leyes les otorgan para frenar a los independentistas y hacer volver a los cuarteles de invierno a aquellos que quieren romper la nación.

 El Gobierno,  con la Constitución en la mano y con un informe preceptivo, pero no vinculante del Consejo de Estado , previo acuerdo del Consejo de Ministros , de acuerdo con el artículo 161.2 de la misma, ha impugnado la resolución de ruptura ante el Tribunal Constitucional, que ha dictaminado por unanimidad  admitir el recurso , quedando suspendida la resolución de desconexión con España ,  que deberá ser ratificada o levantada en un plazo no superior a cinco meses.

  Es decir, la resolución independentista ha sido suspendida de manera inmediata , al tiempo que el propio Tribunal Constitucional ha decidido notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes , a la presidenta del Parlament  Carme Forcadell , al presidente de la Generalitat en funciones o en su caso a la persona que sea nombrada tras la investidura , a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat o los que conformen el nuevo gobierno, notificación de apercibimiento de suspensión de sus funciones .

 En caso de seguir sin cumplir el mandato del Tribunal Constitucional y aprobar leyes de apoyo a la resolución impugnada, según la reforma de la Ley Orgánica de dicho organismo aprobada hace breves semanas, se podrá imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros a todas aquellas autoridades, empleados públicos o particulares que las incumplan, pudiendo reiterarlas hasta el cumplimiento integro de lo mandado.

 También podrá el Tribunal Constitucional acordar la suspensión de las funciones de las autoridades y empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento , durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal.

 A estos respectos,  la fiscalía ha dado  órdenes a los Mossos  para que informen y vigilen los incumplimientos de la Constitución que se produzcan y los Mossos  han anunciado que cumplirán esta orden  porque ellos juraron o prometieron guardarla.

 En sus declaraciones tras el Consejo de Ministros, que pidió la impugnación de la resolución, el presidente Mariano Rajoy con firmeza y serenidad anunció que el gobierno, con las leyes en la mano,  va a defender la unidad de España y que actuará con proporcionalidad ante los independentistas , utilizando en cada momento los recursos que le otorga la Constitución , que son muchos y que el gobierno no quiere apurar , pensando en algo que no se ha producido hasta ahora , el “bon seny” catalán.  Ya que de seguir avanzando en la desobediencia, se puede aplicar el artículo 155 de la Constitución,  que no suspende las autonomía , pero sí  otorga poderes al Estado para obligar a las Comunidades Autónomas al cumplimiento forzoso de sus obligaciones en defensa del interés general de España.

 Por último, queda el recurso más grave de todos y que no debería tener que utilizarse, aunque esta dentro del marco constitucional, el que señala el artº 8. Apartado 1,  que dice: “Las fuerzas armadas constituidas por el ejército de Tierra, la Armada y el ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España , defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Artur Mas y sus secuaces están queriendo llevar a Cataluña a un laberinto sin salida , posiblemente intentando tapar la corrupción que les salpica y por salvarse no dudan , ellos que tanto hablan de querer seguir perteneciendo a Europa,  en pactar y aliarse con la CUP, un partido antisistema , que entre otras cosas propugna la salida de Europa y del euro.

 Esperamos que alguien desde Cataluña recupere el sentido común y ponga freno a este independentismo suicida.

José Maria Bris Gallego

12 de noviembre de 2015.