Audiencia Provincial de Guadalajara, que desaparecerá y sus funciones como tribunal de segunda instancia se traslada a Albacete, a más de 300 kilómetros. Gallardón no contempla dar marcha atrás en esta "reforma". Las numerosas protestas del colectivo judicial y de los municipios afectados han hecho desistir al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón de una de las novedades contenidas en su reforma judicial, la llamada Ley Orgánica del Poder Judicial. Nos estamos refiriendo a los partidos judiciales  que iban a desaparecer absorbidos por unos nuevos Tribunales de Instancia,  que se ubicarán en las capitales de provincia.

 Pues bien, la presión ha hecho efecto y Gallardón admitió este fin de semana en Galicia que “no desaparecerán”  estos partidos judiciales, aunque su papel será distinto en un futuro. Esto significaría la continuidad de los juzgados de Instrucción de Sigüenza y Molina. En cambio, en lo que el ministro se resiste a dar marcha atrás es con las Audiencias Provinciales, que van a desaparecer en beneficio de los Tribunales de Justicia de cada región.

 Alberto Ruiz-Gallardón admitió en Galicia, tras una reunión con Alberto Núñez-Feijó, un presidente que ha estado muy activo en este asunto, que los partidos judiciales “no desaparecerán”, como estaba previsto en su anteproyecto. Hay 431 en toda España, y la oposición había sido rotunda. Más en algunos sitios que otros, como es el caso de Galicia y otras ciudades españolas de tamaño medio que veían la desaparición de estos juzgados como una sangría para la comunidad, por lo que ello significaba.

En el caso de nuestra provincia, la reforma habría acabado con los dos únicos partidos judiciales que quedan en Guadalajara, al margen de la capital, después de que en el pasado siglo llegara a tenar hasta nueve. Son los de Sigüenza y Molina de Aragón, que cuentan ambos con un juzgado de instrucción.  La idea ahora de Gallardón es mantener esos partidos judiciales, si bien el ministro también anticipa que el papel que desempeñarán será distinto. Ahora, cada juzgado de instrucción es autónomo, pero tras la reforma pasarán a depender de los nuevos Tribunales de Instancia, que se crearán en cada capital de provincia, y en algunas localidades con carácter excepcional como es el caso de Vigo o Ferrol.

El ministro puso un ejemplo de lo que no quiere: el caso del Prestige, que colapsó el juzgado de Corcubión durante años. La idea es que estos Tribunales de Instancia sean los encargados de organizar toda la actividad de los juzgados que dependan de ellos. Así, y empleando un “criterio de flexibilidad”, se posibilita el traslado de asuntos de uno a otro en función de la carga y de los recursos disponibles. Otro ejemplo, en este caso puesto por nosotros: con esta permeabilidad el caso del incendio de Guadalajara no se habría restringido exclusivamente a la competencia del Juzgado de Sigüenza, sino que habría sido coordinado por el Tribunal de Instancia de Guadalajara.

En lo que Gallardón no quiere rectificar es con las Audiencias Provinciales, que su reforma liquida en beneficio de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad. En el caso de Guadalajara, esto significará –como sucede con la Sanidad- un alejamiento de la administración del justiciable, ya que este tribunal de segunda instancia, que es la Audiencia Provincial, traspasará sus funciones a Albacete. Con todo lo que ello lleva consigo.

Otra novedad más  viene por los juzgados de paz, que desaparecen para ser sustituidos por las oficinas judiciales de paz. Esta figura, de nueva creación, es otra de las novedades revelada por Gallardón tras su encuentro con el presidente gallego. Su misión  será, en palabras del ministro, la comunicación directa con el ciudadano y cumplir con las funciones del registro civil.

En cualquier caso habrá que estar atentos a cómo queda todo esto cuando el proyecto de Ley Orgánica del poder Judicial vea la luz.