El Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara ha suspendido cautelarmente una resolución administrativa del alcalde de Cabanillas del Campo, Jaime Celada, por la que autorizaba una permuta de una plaza de policía local entre un agente de la localidad y otra procedente del municipio madrileño de Alcobendas.

 Dicha permuta, que Celada aprobó por decreto, incumple varios requisitos legales y tenía informes contrarios de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento cabanillero, del oficial jefe de la Policía Local de Cabanillas e, incluso, ha sido denegada por la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A pesar de los citados informes, el alcalde del PP de Cabanillas del Campo ha seguido adelante con su resolución hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado su suspensión cautelar a instancias del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cabanillas. La actuación de Celada ha supuesto, considera el PSOE, que la agente esté prestando servicio desde hace cinco meses en el municipio de forma irregular, al no haber sido inscrita por la Junta de Comunidades, aunque disponía disponiendo del arma reglamentaria que el propio alcalde ordenó poner a su disposición por decreto firmado el 5 de noviembre de 2013.

Entienden que las multas carecen de validez

Ahora, con la suspensión cautelar de la permuta de plazas de policía local, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cabanillas, José García Salinas, advierte que “las multas o atestados que esa agente de policía haya podido realizar durante este tiempo carecen de validez"

El origen de la decisión de Celada que han paralizado los tribunales es una permuta de plaza solicitada por un agente de la policía local de Cabanillas con otra agente de Alcobendas. En dicha solicitud concurrían dos incumplimientos de los requisitos legales exigidos: por una parte, el agente de Cabanillas había disfrutado de otra permuta hace menos de diez años, que es el plazo mínimo establecido para volver a pedir un cambio de plaza. Y, por otra parte, la legislación establece que las permutas de plazas de policía local deben hacerse entre agentes de la misma comunidad autónoma y entre personas con plaza de la misma titulación académica, algo que no se cumple de ninguna manera en este caso.

La Dirección General de Protección Ciudadana denegó la inscripción de esta agente como policía local que presta servicio en un municipio de Castilla-La Mancha, fundamentando su decisión nuevamente en que no se cumplían los requisitos de la permuta ni por plazos ni por titulación académica de las dos personas que intercambiaban la plaza.

Todo el proceso fue denunciado por el Grupo Socialista ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que el pasado 2 de abril resolvió suspender cautelarmente la permuta hasta la celebración del juicio, previsto para abril de 2015, atendiendo la solicitud de medidas cautelares.