La investigación parte de una denuncia del PSOE por esta campaña del Eje Culltural en los autobuses municipales. Foto: PSOE. El juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara investiga a raíz de una denuncia del PSOE si se ha producido un posible delito de desobediencia por el Ayuntamiento de Guadalajara por negarse a retirar la propaganda del “Eje Cultural” durante la campaña electoral de las pasadas elecciones Europeas. En esta fase sumarial, el juzgado ha citado a declarar como imputado al representante legal del Consistorio el próximo día 11 de noviembre.
Tras dar a conocer esta información, el diputado regional del PSOE de Guadalajara Luis Santiago Tierraseca ha manifestado que el alcalde, Antonio Román, debería “tener la valentía de dar la cara y presentarse a declarar para asumir la responsabilidad”.
Tierraseca ha revelado que Román no solo es el máximo responsable del Ayuntamiento, sino que firmó personalmente las alegaciones presentadas en primera instancia ante la Junta Electoral Provincial. “Por eso, entendemos que es quien debe acudir también ahora para dar explicaciones y comparecer como imputado”, ha subrayado.
El juzgado podría perder su competencia
Sucede, en cambio, que si el Ayuntamiento indentificara como representante legal al alcalde, Antonio Román, el juzgado de Guadalajara perdería su competencia y el asunto debería ser traslado al Tribunal Supremo ya que Román es aforado en su condición de diputado al Congreso. Este privilegio lo ostententan tres ediles más de Guadalajara:Magalena Valerio (PSOE) y Encarnación Jiménez (PP), diputadas al Congreso, y Juan Antonio de las Heras (PP), como senador.
Infracción sistemática, según el PSOE
A juicio de los denunciantes, el Ayuntamiento infringió de manera sistemática todas las resoluciones de la Junta Electoral, que ordenaron desde el primer momento retirar la campaña de propaganda del “Eje Cultural” de todos los medios de difusión. Tras un primer acuerdo del 22 de abril en este sentido, este órgano tuvo que pronunciarse nuevamente para reiterar el requerimiento “tras verificarse su incumplimiento”, y hacerlo incluso una tercera vez “ante la constatación de un nuevo incumplimiento”, según recogían de manera literal los escritos pronunciamientos. Fue en esta ocasión cuando la resolución ya llegó acompañada por la orden de dar traslado de los hechos al juzgado ante un posible delito de desobediencia.
Tierraseca ha llamado la atención sobre el hecho de que la Junta Electoral –compuesta por tres jueces profesionales y dos representantes políticos, propuestos por el PSOE y el PP– tomo esta decisión por unanimidad. Es decir, incluso con el voto del miembro designado por el PP. Posteriormente, este mismo órgano acordó desestimar las alegaciones del Ayuntamiento, e incluso tomó otra resolución más, relativa a la distribución del boletín municipal “30 dí@s”, que consideró un instrumento de propaganda municipal y la ha prohibido expresamente en periodos electorales. "Aun así,la publicación fue repartida por toda la ciudad", se lamenta el diputado.
