La Constitución de 1978 cumple cuarenta años, al cabo de los cuales el balance histórico es globalmente satisfactorio. Durante esta primera etapa, se ha construido un Estado de Derecho admirable, que reúne todos los requerimientos de un sistema democrático y garantiza la convivencia y los derechos fundamentales de la mayoría, bajo el imperio de la ley.
"Son innumerables los testimonios de autoridad que han analizado en términos elogiosos el cambio producido en España con la Constitución, como prueba de nuestra voluntad colectiva de reconciliación, diálogo y democracia. Y ello en gran medida merced al consenso, que alguien definió como determinante de los límites de las discrepancias".
Monumento a la Constitución en Guadalajara con una muy justa alegoría: una puerta que se abrió en el muro./ GD. Sería ocioso insistir en este preciso momento en los beneficios que la Constitución ha traído para recuperar la concordia, la tolerancia y la convivencia entre españoles, tras las huellas de una guerra civil fratricida y de una larga dictadura llena de angustias y sufrimientos: son innumerables los testimonios de autoridad que han analizado en términos elogiosos el cambio producido en España con la Constitución, como prueba de nuestra voluntad colectiva de reconciliación, diálogo y democracia. Y ello en gran medida merced al consenso, que alguien definió como determinante de los límites de las discrepancias.
Al cabo de estos primeros cuarenta años, el periodo más largo de nuestra historia de paz y vigencia ininterrumpida de las libertades, la Constitución de 1978 sigue cumpliendo sin especial esfuerzo su función de ordenación de la vida política y social de España, aunque posiblemente requiera hoy de algún acomodo a nuevas necesidades y a los cambios surgidos en la realidad.
"Es evidente que nuestra Carta Magna ha resistido en lo esencial al desgaste progresivo del ambiente en que se desarrollan nuestras relaciones políticas, económicas y sociales, con la aparición de indeseables brotes de guerracivilismo y preocupante quebranto de la convivencia".
Es evidente que nuestra Carta Magna ha resistido en lo esencial al desgaste progresivo del ambiente en que se desarrollan nuestras relaciones políticas, económicas y sociales, con la aparición de indeseables brotes de guerracivilismo y preocupante quebranto de la convivencia. Los hay que hacen profesión de la mentira, sin dejar hueco al restablecimiento de la verdad, cuando aparece: son los profesionales de la crispación y del desprecio a cualquier argumento racional.
"Hay un exceso de catastrofismo, se ha hecho sistemático el trato al adversario como enemigo, a menudo con gesto pendenciero y abandono del respeto debido a los rivales y sustitución del debate de ideas por el insulto soez, la injuria, el exabrupto grosero y el discurso del odio, todo ello con descrédito de las instituciones del Estado de Derecho".
Leopoldo Torres, Fiscal General del Estado (1990-92)Hay un exceso de catastrofismo, se ha hecho sistemático el trato al adversario como enemigo, a menudo con gesto pendenciero y abandono del respeto debido a los rivales y sustitución del debate de ideas por el insulto soez, la injuria, el exabrupto grosero y el discurso del odio, todo ello con descrédito de las instituciones del Estado de Derecho.
En los últimos diez años se ha llegado a un estado de cosas difícilmente reversible, que penetra en la sociedad y se introduce incluso en las relaciones interpersonales de los ciudadanos.
Si somos conscientes de lo que nos va en preservar lo alcanzado y en rectificar lo equivocado, parece necesaria una movilización de la sociedad para no volver nunca más a repetir la profecía de las dos Españas.
La Corona, el Gobierno, las Cortes, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades y las demás instituciones culturales y organizaciones no gubernamentales y, en todo caso, los ciudadanos, deben emprender sin demora una tarea regeneradora de las instituciones que logre renovar una ilusión parecida a la que respaldó la Transición y el impulso popular a los constituyentes para la restauración de la democracia y la libertad, que dure otros cuarenta años más.
LEOPOLDO TORRES BOURSAULT
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Leolpoldo Torres (Valdeavellano de Tera (Soria) 12 de enero de 1941), es Licenciado en Derecho por la Universidad de Estrasburgo y la de Helsinki, abogado en ejercicio hasta su jubilación, fue profesor adjunto de Filosofía del derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Criminología. Miembro del PSOE desde la década de 1970, fue diputado al Congreso elegido en 1979, 1982 y 1986, siempre por Guadalajara. Como diputado fue Vicepresidente Primero del Congreso y de la Diputación Permanente, presidió la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal Cuentas y fue vicepresidente de la Comisión del
Defensor del Pueblo. Dentro del PSOE presidió el Partido Socialista de Castilla-La Mancha de 1985 a 1988 y fue miembro de su Comité federal de 1982 a 1988.Fue nombrado por el gobierno de Felipe González en la IV legislatura, Fiscal General del Estado (1990-1992). En otros ámbitos, fue vicepresidente del consejo de administración de Cuadernos para el Diálogo, secretario general del Movimiento Internacional de Juristas Católicos, ha sido juez "ad hoc" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue vicepresidente y miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y es miembro nato del Consejo de Estado. Es Medalla de Oro de la Ciudad de Guadalajara.