El VI Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, ha sido otorgado a la institución de Las Adoratrices por su labor en favor de las mujeres víctimas de trata y violencia de género. Esta institución cuenta con un centro concertado de enseñanza ordinaria en Guadalajara.
Esta institución de ámbito internacional, fundada en España en 1856, ayuda a mujeres víctimas de todas formas de explotación en 23 países de Europa, Asia, África e Iberoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela).
Su labor se centra en programas de carácter social, casas de acogida, asistencia jurídica einserción laboral de las víctimas.
La congregación está integrada por 1.070 religiosas y cuenta con la colaboración de profesionales y voluntarias especializadas en salud, formación, atención jurídica y psicológica.
El jurado ha estimado “el alto valor social y humanitario desarrollado por las Adoratrices, gracias al cual muchas mujeres encuentran apoyo y ayuda en circunstancias extremadamente difíciles”.
Esta institución tiene en la actualidad un centro concertado de enseñanza ordinaria en Guadalajara en el gran complejo que construyó a primeros del siglo XX la Duquesa de la Vega del Pozo, que destinó parte de su inmensa fortuna a la caridad con las jóvenes sin recursos y que presentaban perfiles de riesgo.
Instituido en 2002, el Premio de Derechos Humanos Rey de España reconoce e impulsa la labor de organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en España, Portugal e Iberoamérica. Se entrega cada dos años y tiene una dotación económica de 25.000 euros.
El Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, han presidido el jurado integrado por la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristina Fraile; el presidente de Honor de “España con ACNUR”, Antonio Garrigues; el presidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz, Emilio Gilolmo, y el abogado del estado en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Jesús López-Medel.