La Fiscalía pide para ellos 8 meses de cárcel, la acusación Caixabank tres años de prisión

El juicio ha quedado suspendido sin fecha

El juicio previsto para este miércoles, en el que ocho activistas se enfrentaban a penas de prisión de 3,5 años por delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos en una sucursal bancaria para evitar el desahucio de veinte familias con menores en Cabanillas del Campo, ha quedado suspendido sin fecha por la huelga de letrados.

Fuentes de los acusados han informado a EFE que la secretaria judicial se ha negado a celebrar el a pesar de que la jueza sí quería. Los acusados han mostrado su rechazo a la no celebración del juicio ya que supone alargar un proceso judicial que les está “desgantando” enormemente.

La Fiscalía pide para los acusados 8 meses de cárcel, que podrían llegar a los 10 meses si se probaran los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público. Por parte de CaixaBank se pide una condena de más de tres años y medio de cárcel por los delitos de allanamiento, coacciones, resistencia a los agentes y desórdenes públicos.

Al juicio estaba previsto que acudiera Amnistía Internacional como observadora para asegurar el cumplimiento de todas las garantías.

Los acusados ya han avanzado que si la jueza no dicta su absolución, agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2017, cuando estos activistas fueron a la oficina de dicha entidad para que ésta formalizara por escrito lo que se había comprometido de forma oral con 20 familias con hijos menores que iban a ser desahuciadas de sus viviendas.