Arranca el 20 de septiembre y se prevé que dure 88 días.
Columna de humo cruza Guadalajara el primer día del incendio./GUDiario.
La Audiencia Provincial de Guadalajara tiene previsto iniciar el juicio por el incendio de una planta de reciclaje de residuos de Chiloeches el próximo 20 de septiembre. La previsión es que la vista oral dure hasta el 17 de diciembre, por lo que estaríamos hablando de un juicio de tres meses entre toma de declaraciones y periciales.
El incendio causó gran alarma social por la combustión de gases contaminantes. El auto realizado por el Juzgado número de 1 de Guadalajara incluye las peticiones de pena que ha realizado el Ministerio Fiscal. En total hay 21 investigados, 18 de ellos son personas físicas y tres son las empresas relacionadas con la gestión de la planta de residuos.
La planta de residuos tras el incendio./Archivo GUDiairo.
En los casos que se consideran más graves el Ministerio Fiscal pide penas de hasta 19 años de cárcel, en concreto para los tres empresarios del grupo Layna. Por un lado, se juzgará a 11 acusados y a las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina por gestión almacenamiento y transporte ilegal de residuos. Se considera que participaron de forma concertada en un grupo criminal que terminó con un vertido incontrolado.
Por otro lado, se juzga a seis ex altos cargos de la Junta de un delito de prevaricación medioambiental continuada a los que se pide hasta 3 años de prisión y 13 de inhabilitación. Entre ellos se encuentra Sergio David González que en aquel momento era vice consejero de Medio Ambiente y que anteriormente había sido delegado de medio ambiente en Guadalajara con el gobierno de Barreda . Entonces fue imputado por el incendio de La Riba, aunque finalmente fue absuelto por la Audiencia. También están imputados directores generales de evaluación ambiental, y diversos jefes de servicio de la JCCM.
Entre los imputados está también el ex alcalde de Chiloeches, César Urrea, para quien se pide cinco años de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa y 14 de inhabilitación.
La planta era un caos
La Fiscalía considera probados varios delitos como participación en grupo criminal, prevaricación medioambiental, gestión peligrosa de residuos, delitos contra el medio ambiente y falsedad en documento mercantil.
También considera probado que dos de los acusados permitieron dejar 15.000 toneladas de residuos sin diferenciar entre peligrosas y no peligrosas, a cambio de 300.000 euros que pagaría el grupo Layna.
Entre abril y junio, aunque el ayuntamiento clausuró las instalaciones, se siguió con la recepción de residuos lo que aumentó el peligro. En junio con la llegada de un nuevo alcalde se pidió la clausura de la planta.
En aquel momento se comprobó que había una saturación total de residuos que llegaban hasta la puerta, que algunas balsas de retención habían rebosado vertiéndose en un cauce cercano, que había residuos en zonas no impermeabilizadas y que todo era un “auténtico caos”. Todo se desencadenó el 26 de agosto con un incendio en la planta que según la Guardia Civil “fue provocado de forma intencionada”. La UME trabajó durante seis días para controlar las llamas y la alta contaminación.
De momento a los imputados, además de las penas de cárcel e inhabilitación, se les piden 15 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
