Según han confirmado a Guadalajara Diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de CLM el proceso está en trámite aunque no finalizado
Un momento del juicio se celebrado en 2018/Gu Diario
El pasado 23 de mayo de 2019 se inició, por parte del juzgado número 1 de Guadalajara, la apertura del correspondiente expediente para llevar a cabo la ejecución de la sentencia contra los seis repobladores de Fraguas que fueron condenados a penas de cárcel por un delito de usurpación y otro contra la ordenación del territorio.
Así lo han confirmado a Guadalajara Diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de CLM. Esas fuentes aseguran que el juzgado de lo penal incoó el expediente el pasado 23 de mayo de 2019 una vez que se comprobó que la sentencia condenatoria, dictada por el juzgado número 1 en junio de 2018, había sido confirmada y convertida en sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial en enero de 2019.
Esas mismas fuentes confirman que, aunque el proceso de ejecucción de sentencia se inició, de momento, no se da por finalizado. Este punto es importante porque está pendiente de conocerse qué opina ese mismo juzgado sobre el acuerdo que han alcanzado los condenados y la Consejería de Desarrollo Sostenible sobre este asunto una vez que la sentencia era firme.
Fuentes regionales confirman la existencia del acuerdo pero se niegan a dar ningún detalle del mismo hasta que no haya una resolución del juzgado que es quien tiene que validarlo. La intención de la Consejería es que se modere la pena impuesta a los okupas ya que podría suponer su ingreso en prisión.
Fraguas Revive, el movimiento que apoya a los condenados, muy activo en redes sociales pidiendo apoyo constante para evitar el desalojo, lleva desde el 1 de noviembre en silencio y sin hacer llamadas a la resistencia en la zona a través de sus redes sociales.
Condenas de cárcel
Esas seis personas, cinco hombres y una mujer, fueron condenados por delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio tras repoblar en 2013 un monte donde en los años 60 hubo un pueblo, ahora abandonado, y construir sin permiso unas viviendas en una zona que ahora es parque natural. Los seis okupas continuaron con su labor a pesar de las advertencias del SEPRONA desde el momento que llegaron y allí siguen a pesar de la sentencia.
La resolución del juzgado sobre ese posible acuerdo servirá para determinar cómo se resuelve este tema que lleva ya 9 años pendiente. Hay que recordar que la sentencia establecía además que se demolieran las construcciones que se han realizado y que han ido aumentando con el paso de los años. En un principio esa demolición estaba valorada en 26.000 euros, después pasó a 40.000 euros porque se siguió construyendo pero podría ser aún mayor si es necesario realizarla a mano como sería lo aconsejable. El posible acuerdo incluiría dejar en pie esas viviendas aunque no se sabe qué uso tendrían.
