Aunque hay una sentencia firme del mes de enero todavía no se ha ejecutado pero los afectados creen que es algo inminente
Los okupas de Fraguas piden ayuda a través de las redes sociales porque temen un desalojo inminente/ Fraguas revive
Los okupas de Fraguas temen un desalojo inminente. Así se deja ver en sus redes sociales donde hablan de un "peligro inminente de desalojo, demolición y encarcelamiento de los 6 repobladores por parte del gobierno de CLM", ante esta situación están pidiendo apoyo externo y están llamando a una resistencia indefinida.
Lo cierto es que desde enero de 2019 hay una sentencia que ratifica la condena a estas seis personas a las que se les condenó a año y medio de prisión por delitos de delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio después de empezar a repoblar un monte donde en los años 60 hubo un pueblo abandonado. La zona ya no tiene categoría de pueblo y además está enclavado en medio de un parque natural.
La sentencia les condena a prisión a realizar la demolición de lo construido algo a lo que los condenados se niega, ante esa situación la empresa estatal Tragsa ha elaborado un presupuesto y ha elevado a 40.000 euros el presupuesto de demolición que en un principio era de 26.000 euros. Ese presupuesto de TRAGSA tendrá ahora que ser aprobado por la Junta de Castilla-La Mancha.
Los okupas de fraguas durante la celebración del juicio que les condenó/ Gu Diario
Desde el colectivo de Fraguas han mostrado su disconformidad con esta propuesta y han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que no apruebe este presupuesto porque incluye "irregularidades". Afirman que entre los edificios que hay incluidos en el proyecto de TRAGSA están algunos posteriores que no aparecen en la sentencia y por ello, "su demolición en caso de producirse sería ilegal y extrajudicial", según fuentes del colectivo.
Además, este colectivo ha asegurado que "se pretende realizar la demolición por medios mecánicos no selectivos, entrando con maquinaria pesada en una zona protegida como parque natural" y exigen que se elabore un informe sobre el impacto ambiental y daños sobre el patrimonio que la demolición causaría.
En un comunicado señalan, igualmente, que, "en contra de la condena que establece con claridad que la demolición debe ser exclusivamente de lo reconstruido" ya que en el presupuesto se indica la demolición de todas las reconstrucciones “desde la rasante mediante empuje con retroexcavadora”, asegurando que se quieren demoler hasta ruinas del antiguo pueblo que existían previamente.
Los encausados e integrantes de este proyecto siguen manifestando que no van a pagar la demolición "para borrar definitivamente del mapa un pueblo que data al menos de 1749", y que a su juicio fue expropiado "forzosamente y de forma irregular en el franquismo".
Han asegurado igualmente que el proyecto que llevan a cabo ellos es un proyecto joven de repoblación sostenible "a coste cero" para la administración en una de las zonas más despobladas de Europa.