Cubos de agua, amenazas entre las partes y enfrentamientos verbales han marcado este desahucio frustrado. VIDEO EN EL INTERIOR DE LOS INCIDENTES
Hoy tampoco ha sido. Por tercera vez la comisión judicial, y sin que haya trascendido por qué, ha suspendido el desahucio de Diego H., activista que actúa como abogado de la Plataforma Antidesahucio de Guadalajara, de una de las 96 viviendas que la Sociedad San Vicente de Paul gestiona en el Alamín para personas en situación de emergencia. Desde ayer por la noche, un centenar de personas han estado en los alrededores de la vivienda apoyando a Diego, y entre ellos, esta mañana, estaban algunas caras conocidas: José Morales, concejal de Podemos-IU en el ayuntamiento de Guadalajara y David Llorente, ex diputado regional de Podemos en Castilla La Mancha.
Momentos de tensión
La situación entre los defensores de la Plataforma y algunos de los vecinos del barrio es cada vez más tensa. La Sociedad San Vicente de Paul quiere alojar en el piso que va a quedar libre, a una familia gitana con tres menores, que es familia de otras que ya viven en el edificio. Eso ha hecho que el enfrentamiento entre las dos partes estalle.
El desahucio estaba previsto a las 8.30 de la mañana y a esa hora unos cincuenta activistas se han sentado delante del portal para evitar que se llevara a cabo. En los alrededores, al menos cuarenta policías, entre policía local y policía nacional, habían cortado calles y han protegido el centro de salud del Alamín que se encuentra en el corazón del conflicto.
"O actúan ellos (en referencia a la policía y la comisión judicial) o actúamos nosotros"
El enfrentamiento verbal entre activistas y los vecinos que quieren que Diego se marche ha sido duro. Mientras los actividades gritaban consignas como "Ni gente sin casa, ni casas sin gente" o "Este desahucio lo vamos a parar" la vecina chillaba asegurando que hay una mujer con tres menores que está sin casa por culpa de Diego. "O actúan ellos (en referencia a la policía y la comisión judicial) o actúamos nosotros" amenazaba. Mientras tanto la comisión judicial, a unos metros de distancia, hablaba con el jefe de la Policía Local sobre el desalojo que finalmente, no se ha llevado a efecto, aunque se desconocen los motivos, después de los recursos empleados por las fuerzas policiales.
Cubos de agua
Los momentos de mayor tensión se han producido cuando desde dentro del portal otro vecino ha empezado a tirar cubos de agua (que también tenían lejía según los activistas, aunque no lo podemos certificar) a las personas sentadas delante del portal. Lo han hecho, al menos en tres ocasiones, pero eso no ha amedrendato a los antidesahucio que han seguido con sus consignas y no se han movido del lugar en el que estaban sentados. Aseguran, además, que desde el interior les han amenazado con un machete, aunque desde la calle no hemos visto nada.
Finalmente, tras casi una hora de conflicto, la comisión judicial se ha marchado y la policía ha comenzado a dispersarse. Lo que no se dispersa es la tensión entre los vecinos que seguirán viéndose cada día.
La PAH lo interpreta como una victoria
De momento los miembros de la plataforma consideran una victoria que la comisión judicial haya dado marcha atrás. El portavoz de la Plataforma Antidesahucio, Gustavo Rioja, ha señalado que seguirán luchando para que San Vicente de Paul "no pueda pasar por encima de los vecinos de este barrio". Además, aseguran que hay otros dos desahucios pendientes. Sobre el enfrentamiento con los vecinos, Rioja culpa a San Vicente Paúl "que es quien está enfrentando a las dos partes".
Desde San Vicente Paúl quieren desahuciar a Diego H. alegando que es un abogado que tiene recursos y no necesita un vivienda social que debe estar destinada a las personas más necesitadas y éste se niega a marcharse porque asegura que la vivienda es propiedad de su familia ya que así se estableció en los contratos que se hicieron a los primeros inquilinos. De momento ha habido dos juzgados que han fallado en contra del ocupante y el tema está ahora pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, que no paraliza la acción de los tribunales inferiores.