Sospecha que fue por falta de efectivos al estar protegido por cerca de un centenar de personas.
Concentración esta mañana frente a la vivienda que se iba a desalojar./GUDiario.
No ha habido deshaucio. La Comisión Judicial finamente no ha acudido a una de las viviendas que la Conferencia San Vicente Paul gestiona en un barrio del suroeste de Guadalajara para personas en situación de emergencia social.
Cerca de un centenar de personas, en su mayoría integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),llevaban desde ayer por la noche en las inmediaciones de estas viviendas para impedir el desalojo del abogado Diego Herchoren, previsto para primera hora de la mañana y que, de momento, no se ha llevado a cabo por decisión policial y judicial. La sospecha del afectado es que no se le desaloja, ahora, por falta de efectivos, ya que la mayor parte de las unidades antidisturbios están Cataluña, por lo que cree que solo se trata de ganar tiempo, pero advierte que "la lucha sigue".
"PSOE, cagón, cumple la moción", "Este desahucio lo vamos a parar", "Diego, no estás solo" o "Hay niños en la calle y no le importa a nadie", han sido algunos de los eslóganes que se han coreado durante una concentración que se ha prolongado durante horas y a la que también se acercaron, entre otros, responsables sindicales y de los grupos de Unidas Podemos y Aike.
Desde la Conferencia de San Vicente de Paúl desconocen las razones por las cuales la Comisión Judicial y la Polícía Nacional han acordado suspender el desalojo, aunque asumen que se trata de una suspensión temporal y que se fijará nueva fecha.
El abogado e inqulino de la vivienda que debería haber sido desalojada atiende a los medios de comunicación.El desalojo se produce a instancias de la citada Conferencia, insistiendo en que se trata de viviendas en alquiler y no en propiedad, como pretende hacer valer el inquilino que hoy se iba a desalojar. Recuerdan que la disputa ya ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ha dado la razón a la Conferencia, y que hay personas en situación de emergencia social esperando esa vivienda con más necesidad que él.
A pesar de la sentencia judicial, el inquilino seguía reclamando esta mañana la propiedad de la vivienda de la que se le quiere desahuciar, alegando que en ella estuvo viviendo mucho tiempo su familia y considera que tiene la cédula de calificación definitiva en la que se habla de la enajenación y que ha pagado por ello. El afectado ha argumentado ante los periodistas presentes que la sentencia está recurrida, entre otras cosas porque él también reclama que se le reconozca como dueño. Asimismo reclama al Ayuntamiento se se cumpla la moción aprobada por el pleno municipal cuando el PSOE estaba en la oposición.
También ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que "se implique" se haga cargo de la gestión de estas viviendas, cerca de un centenar, y dado que tiene las competencias en materia de vivienda y ahora todas las administraciones del mismo partido, "sería un buen momento para ello", argumenta. En ese sentido, hay que recordar que la Conferencia también es partidaria de que la Junta acabe asumiendo la propiedad y gestión de las viviendas, aunque las gestiones que se iniciaron en ese sentido nunca llegaron a buen puerto. Desde San Vicente de Paul su posición es que no quieren gestionar las casas, que ese no es su trabajo porque ellos se encargan de ayudar a las personas en otras necesidades como alimentación, vestuario o formación pero que prefieren no saber nada de alquileres o de gestionar esos pisos.
En un principio, los desahucios iban a ser dos, el del citado abogado, y el de una inquilina que desde hace años no paga el alquier "porque no quiere", según la Conferencia, aunque finalmente se redujo a solo el primero.
Las viviendas afectadas son un total de 96 y los vecinos pagan mensualmente por ellas, como arredamiento, cuotas que van "desde los 12 ó 14 euros de los vecinos que inicialmente entraron hasta los 50 euros en las cuotas de los más recientes", según informó en su día la Conferencia.
La construcción de estas viviendas se remonta a 1958, cuando la condesa viuda de Romanones donó un solar a la Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paúl, institución que se dedica a la ayuda de los más necesitados, para que se construyeran los pisos, dirigidos a las personas más necesitadas de Guadalajara y esta construcción se hizo con aportaciones de instituciones y personas que quisieron colaborar.
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