Sede de Urbas en Guadalajara.En un hecho relevante que ha publicado esta mañana en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Consejo de Administración de Urbas ha enviado un mensaje de "tranquilidad y confianza tanto a sus inversores como a todos los interesados", reiterando que las diligencias previas abiertas por la Fiscalía "no interfiere en absoluto en el desarrollo de las actividades y operaciones de la Compañía, así como en el desarrollo del Plan de Negocio previsto, la cual sigue funcionando de manera absolutamente normal".
Así lo pone de manifiesto en un hecho relevante publicado esta mañana en la web de la CNMV y firmado por el presidente de la compañía, el empresario alcarreño Juan Antonio Ibáñez. Días atrás, Urbas había solicitado que las acciones volvieran a cotizar, por los menos las que no están afectadas por la querella del Fiscal, que se refieren a la última ampliación de capital.
Urbas reiterá su disconformidad disconformidad con el procedimiento iniciado y sus fundamentaciones y todo ello porque, asegura, han "cumplidoo escrupulosamente todos los requisitos legales exigidos". Discrepan por tanto que se inflaran las valoraciones de los activos inmobiliarios sujetos a la ampliación, ya que "la ampliación de capital se llevó a cabo cumpliendo para ello todos y cada uno de los requisitos exigidos en la legislación aplicable, que es la Ley de Sociedades de Capital, hecho corroborado por su inscripción en el Registro Mercantil con fecha 24 de septiembre de 2015, y su verificación por todos los agentes intervinientes, auditores, expertos independientes, tasadores, todo lo cual ha sido comunicado oportunamente mediante los procedimientos legalmente establecidos a través de la página web de la CNMV".
Según se ha podido saber al levantarse el secreto de sumario, el fiscal argumenta que para dicha ampliación “se valoraron los inmuebles de Aldira y las sociedades con las que se amplió su capital previamente a su integración en Urbas en 384 millones, muy por encima de los 133 millones en los que se cifra su importe en el momento de las aportaciones de esos mismos inmuebles a Aldira”.
En cuanto a la citada diferencia de valoración de los activos entre el valor contable en Aldira y el valor de la aportación a Urbas, mencionada por el fiscal, a criterio de la Compañía, "queda completamente avalada por las tasaciones de los activos que fueron posteriormente ratificadas por el informe de valoración de Aldira realizado por parte del experto independiente".
El Consejo entiende que esta operación no ha producido ningún perjuicio a los accionistas, como acredita que no se haya producido ninguna reclamación, y califica la operación de "necesaria y beneficiosa para la compañía", ya que a 31 de diciembre de 2014, Urbas presentaba un patrimonio neto negativo, por lo que a dicha fecha la Compañía estaba incursa en causa de disolución prevista en el artículo 363.l.e) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. "Por ello, de no haberse realizado dicha operación, la Compañía habría entrado en causa de disolución, lo que sí habría supuesto un grave perjuicio para los accionistas, pues ello habría implicado la imposibilidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento".
En opinión del Consejo de Administración y de sus asesores legales, en el supuesto de que del procedimiento derivase una Sentencia desfavorable firme y con efectos negativos para la Compañía, "estos efectos podrían implicar, entre otros, la anulación total o parcial de la ampliación de capital no dineraria objeto del procedimiento judicial, no siendo previsible que esto ocurra a corto plazo, estando previsto por el Consejo de Administración la realización de operaciones corporativas que ayuden a paliar el efecto negativo de dicha hipotética anulación, en su caso, y por supuesto que impidan la entrada de la Compañía en causa de disolución por la disminución del patrimonio neto por debajo de los límites previstos".