Antonio Torres Pérez. Secretario general de APAG. Hemos leído con atención el artículo del presidente de RECAMDER sobre el futuro del medio rural de Castilla-La Mancha. Coincidimos en algo fundamental: nuestros pueblos necesitan actividad, empleo, servicios, emprendimiento y oportunidades. Y, por supuesto, necesitan agricultura y ganadería.

Desde APAG nunca hemos defendido un medio rural construido únicamente alrededor del sector agrario. Una peluquería, un comercio, una empresa, un taller o una casa rural también generan actividad y ayudan a mantener vivos nuestros pueblos. Pero reconocer su importancia no significa equiparar la finalidad de todas las políticas públicas.

Y aquí creemos que conviene hacer una distinción. La PAC no nació como una política general de desarrollo rural. Nació en 1962 para garantizar el abastecimiento de alimentos, aumentar la productividad agraria, estabilizar los mercados y asegurar una renta adecuada a la población agrícola y seguridad alimentaria a toda la población.
Con el paso de las décadas, la PAC ha cambiado. El aumento de la productividad generó excedentes y presión a la baja sobre los precios, y Europa fue sustituyendo progresivamente parte del apoyo a los precios por ayudas directas a los agricultores.

Hoy el problema es diferente, pero la necesidad sigue siendo la misma: garantizar que exista una agricultura y una ganadería económicamente viables.
Porque el agricultor y el ganadero producen en un mercado en el que no fijan el precio de lo que venden, mientras soportan unos costes de producción crecientes y unas exigencias ambientales, sanitarias y regulatorias cada vez mayores.

Y cuando los ingresos apenas cubren los costes, o ni siquiera eso, la explotación deja de ser viable. Por eso creemos que la PAC posterior a 2027 debe prestar especial atención a una cuestión fundamental: la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas como condición necesaria para asegurar el futuro del sector agrario europeo.

Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo rural. Porque una explotación agraria rentable no sólo genera alimentos para toda la sociedad; permite que haya relevo generacional. Mantiene cooperativas e industrias agroalimentarias. Genera actividad para talleres, transportistas, distribuidores, veterinarios, ingenierías y empresas de servicios y mantiene población y actividad económica en nuestros pueblos.

Los datos de Castilla-La Mancha lo demuestran: en 2025, el sector agroalimentario fue el principal capítulo exportador de la región, con 3.821,7 millones de euros, el 34,2 % del total de las exportaciones castellano-manchegas.
Por eso, desde APAG no cuestionamos LEADER ni el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural. Necesitamos diversificación económica y necesitamos nuevas empresas y servicios en nuestros pueblos. Pero tampoco debemos perder de vista cuál debe ser la prioridad de la Política Agraria Comunitaria.

Los fondos destinados a la PAC deben tener como prioridad económica al agricultor y al ganadero. Y cuando un fondo no llegue directamente a ellos, debe poder demostrarse objetivamente que mejora su rentabilidad, su competitividad o la viabilidad del territorio agrario.

No se trata de enfrentar agricultura y desarrollo rural. Se trata de entender que sin agricultores y ganaderos viables tampoco habrá muchas de las actividades económicas que hoy queremos mantener en nuestros pueblos. Una peluquería rural puede ser necesaria para un pueblo, un comercio puede ser fundamental, una iniciativa turística puede generar oportunidades; pero el agricultor y el ganadero tienen una particularidad que no podemos olvidar: producen algo que todos necesitamos, todos los días: alimentos.

Por eso, sumar esfuerzos, sí. Diversificar, también. Cooperar, siempre.
Pero la PAC debe seguir teniendo una prioridad inequívoca: que haya agricultores y ganaderos, que puedan vivir dignamente de su actividad y que producir alimentos en Europa siga siendo viable.

Porque garantizar la viabilidad del campo no es defender solamente a un sector, es garantizar el futuro económico, social y territorial de buena parte de nuestro medio rural.

Antonio Torres Pérez.
Secretario general de APAG.
(Antonio Torres es ingeniero agrónomo por la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, con la especialidad de Economía Agraria; es técnico Asesor de Explotaciones Agrarias por el Ministerio de Agricultura, experto en Política Agraria Comunitaria y en 2014 completó su formación superior cursando el Programa de Alta Dirección Agroalimentaria del Instituto San Telmo. Es también agricultor, gestionando una explotación de viñedo y olivar en su pueblo -Moral de Calatrava (provincia de Ciudad Real)- dónde es miembro del consejo rector de la Cooperativa Santiago Apóstol, dedicada a vino y aceite. Es vicepresidente de la DO Valdepeñas).