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Porque se puede, y se debe, bajar impuestos

 

Con el IPC de mayo de nuestro país en el 8,7 por ciento y en Castilla-La Mancha con un porcentaje del 10,6-el más elevado de toda España- y valores acumulados desde el principio del año del 4,1 por ciento a nivel nacional y del 5,3 en nuestra región, se hace necesario actuar decididamente tanto por el Gobierno Central como por el Gobierno autonómico para mitigar el efecto de la inflación sobre la economía, los ciudadanos y las familias.

A toda esta situación inflacionista hay que añadir un escenario de subida de tipos de interés que se ha iniciado y que se prevé continuará a lo largo del año.

La consecuencia sobre la recaudación de tributos de la inflación es que ésta se incrementa tanto por los impuestos indirectos, como el IVA, como por los impuestos directos, como son el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades.

En el primer trimestre del año 2022, España ha cerrado su recaudación por tributos con un 20 por ciento más que en el mismo trimestre del año 2021, lo que supone que se han recaudado 10.000 millones más que en el mismo trimestre del año anterior. El IVA con una subida del 21,3 por ciento y con un incremento de más de 4.100 millones de euros y el importe de lo recaudado por las retenciones del IRPF con una subida de más de 2.500 millones permiten realizar políticas de ajuste fiscal para devolver a los ciudadanos el impacto fiscal que la subida de los precios está teniendo.

Dentro de los impuestos, el IVA es el mismo para todos los contribuyentes independientemente de sus ingresos con lo que la subida de los precios, en un escenario de alta inflación, perjudica de forma más importante al poder adquisitivo de las familias con rentas más bajas. Con lo que al Gobierno central debería acometer una reducción, de forma temporal, de los tipos impositivos del IVA o aplicación del tipo superreducido a algunos bienes de consumo masivo.

Asimismo, el IRPF que graba la renta de las personas físicas también se ve afectado por la inflación, ya que, al ser progresivo, el incremento del salario implica una subida delos tiposaplicables, aunque el poder adquisitivo del contribuyente no se haya incrementado. Lo que se debe hacer es deflactar el impuesto ya sea actualizar la tarifa o los mínimos personales y familiares.

Este ajuste en el impuesto va a posibilitar que los ciudadanos puedan mantener su poder adquisitivo. Deflactar la tarifa del IRPF beneficia en mayor medida a las rentas bajas y medias según un estudio del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Estas medidas se pueden, y se deben, llevar a cabo tanto a nivel estatal como autonómico.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades las empresas en periodos inflacionistas tendrán que, tras ajustar sus costes y sus márgenes, incrementar sus precios lo que supondrá aumentar su facturación, pero no sus beneficios.

La menor presión fiscal tiene, entre otros, dos grandes beneficios para la economía.

Por un lado, está demostrado que el peso de la economía sumergida en el PIB es inferior en las regiones con menores impuestos.

Si España descendiera al nivel de economía sumergida de Alemania, la recaudación fiscal aumentaría en casi 20.000 millones de euros. Así, según datos de 2019, en la Comunidad de Madrid, con impuestos bajos, el peso de la economía sumergida sobre el PIB es del 16,2 por ciento, el índice más bajo de toda España, siendo la media nacional del 23,1, mientras que en Castilla-La Mancha es de un 27,2 por ciento lo que nos convierte en la tercera región con mayor peso de la economía sumergida en el PIB. La economía sumergida además de suponer una merma en los ingresos públicos y, por tanto, menores recursos para sufragar los servicios públicos, genera competencia desleal entre empresas, perjudicando a aquellas que contribuyen a la mejora de la sociedad en su conjunto.

Por otro, la experiencia en la Comunidad de Andalucía nos indica que, tras tres años de rebajas fiscales llevadas a cabo por el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, en los años que van desde 2018 al 2020 los ingresos a las arcas públicas han crecido en 925 millones y se ha incrementado en 280.000 el número de contribuyentes. Lo que ha hecho pasar a Andalucía del puesto dieciséis a séptimo en el e Índice Autonómico de Competitividad Fiscal publicado por Fundalib.

Alberto Reina

Coordinador de Hacienda y Administraciones Públicas del Partido Popular de Castilla-La Mancha

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