Page dice que si se hacen trasvases, "se hagan entre todos los ríos"

Ximo Puig no quiere más "guerras del agua" y el PP valenciano anuncia recursos y un "otoño caliente". 
 

 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho esta tarde en TVE que no le gustan los trasvases "por la experiencia que conozco" pero “entiendo que hay gente que piensa que llevar agua de una río a otro es una fontanería lógica, entonces que se haga entre todos los ríos", ha señalado.

Puig: Con nosotros que no cuenten para guerras del agua

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), ha afirmado sobre el trasvase Tajo-Segura que no cuenten con su gobierno "para guerras" del agua, porque ese "no es el camino", y ha asegurado que llegará "hasta donde haya que llegar" en defensa de "la racionalidad y un uso del agua inteligente, como se hace en la Comunitat Valenciana".

Puig ha contestado en estos términos al ser preguntado sobre el real decreto aprobado por el Gobierno que modifica las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y reduce las derivaciones de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes en situación de nivel 2 de capacidad de los embalses.

El presidente ha dicho que el Gobierno valenciano va a trabajar en los próximos seis meses "intensamente" en el ámbito jurídico, técnico, de las alegaciones y del diálogo para que los regantes valencianos tengan garantizada "agua de calidad y a un precio razonable".

"Eso es lo que queremos y vamos a defender ahora y siempre, con cabeza, con inteligencia, con racionalidad y desde luego sin entrar por la línea de la demagogia, de la guerra del agua", ha aseverado Puig, quien ha admitido que en este asunto son "muy diferentes" las visiones de las comunidades autónomas, porque es un problema con "un arraigo territorial muy grande".

Ha insistido en que los valencianos están "en contra de la confrontación", la cual "solo tiene un resultado, que los regantes cada vez tienen menos agua y al final cada vez hay mas incertidumbre", y ha hecho un llamamiento a intentar buscar puntos de encuentro.

El presidente ha reiterado que para la Generalitat este trasvase es "absolutamente irrenunciable" y no puede limitarse hasta que no esté "garantizada un agua suficiente proveniente de otros ámbitos", pero es consciente de la situación de crisis climática y por ello buscará diálogo con el fin de que se pueda garantizar "agua para siempre" a los regantes valencianos.

Diputación de Alicante recurre el recorte de agua y prevé un "otoño caliente"

En Alicante, cuya diputación está gobernada por el PP, la reacción ha sido mucho más dura y su presidente, Carlos Mazón, futuro líder regional de los populares, ha anunciado la puesta en marcha de la maquinaria jurídica para recurrir la decisión del Consejo de Ministros que recorta los citados aportes máximos, y ha anticipado un "otoño caliente" en la defensa del trasvase.

Según un comunicado de la Diputación alicantina, el presidente ha calificado de "nuevo atropello" el Real Decreto aprobado ayer ya que "se trata del siguiente clavo en la mortaja del trasvase".

Ha sostenido que, de esta forma, "se consuma una de las decisiones más lesivas de la historia para la provincia de Alicante en el periodo democrático" ante lo cual habrá movilización y protestas, al tiempo que se recurrirá judicialmente, junto a regantes y agricultores de la provincia.

Mazón ha dicho que frente a la decisión de recortar de 38 a 27 hectómetros cúbicos la transferencia mensual "ya no valen declaraciones ni palabras vacías que no se traducen en nada, ni decir que el trasvase es irrenunciable cuando cada día el PSOE renuncia a él".

Para el presidente de la Diputación y líder del PPCV, "hay una falta de peso político lamentable de los gobernantes de la Comunitat Valenciana ante el Gobierno de España y ante las direcciones de sus propios partidos".

En rueda de prensa acompañado por el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, el catedrático y director del Instituto del Agua de la UA, Joaquín Melgarejo, y por el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu, Mazón ha recordado que la batería de alegaciones y de acciones institucionales y de los sectores productivos alicantinos se sustenta en datos científicos.

"No es una pataleta ni una defensa irracional de los derechos de una tierra, que por otro lado es justa, sino de datos de rigor científico y académico, más allá de los valores de solidaridad, justicia, ecología y de evitar el cambio climático que están saltando por los aires con la consumación de la decisión del Gobierno de España", ha argumentado.

Ha alertado de que, aunque parezca que esta situación ha llegado al peor escenario posible, "no es así" porque cree que la hoja de ruta del Gobierno socialista no se para con esta resolución sino que continuará de aquí a final de año con las normas de explotación, las cuales teme que sean "el último clavo al ataúd del Tajo-Segura".

Habrá que recurrir más al agua desalinizada

Desde Alicante se considera que la decisión del Consejo de Ministros es "desproporcionada, irrazonable, innecesaria e inadecuada", ya que habrá menos caudal para distribuir entre el sector agrario y esto obligará a elevar el agua desalinizada, situación que encarecerá el precio del agua, "pasando de 15 a 60 céntimos por cada m2, lo que repercutirá en el coste ambiental porque producir el agua desalinizada es cinco veces más cara debido a las emisiones de dióxido de carbono (CO2)".

Finalmente, el presidente de ASAJA en Alicante ha concretado que la primera reacción de los agricultores y regantes "es de perplejidad porque no entendemos por qué el Gobierno de España y la ministra (Teresa Ribera) tienen tanta prisa por adoptar una serie de acuerdos que son gravemente lesivos para la agricultura levantina en el contexto actual de grave crisis sanitaria, que se traduce en una crisis económica y social".

"Hemos hecho un esfuerzo titánico en los últimos 40 años en convertir unas tierras secas y desérticas en un auténtico vergel que nos dan garantía alimentaria a España y al resto de Europa", ha recordado para proseguir que con esta decisión se "castiga a la agricultura más activa y rentable económica, social y ambientalmente del país, que abocan al abismo".

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