Se prevé que entre en vigor antes de fin de año.
Blanca Fernández, hoy en Fuensalida./JCCM.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Cámara de Cuentas, con el que Castilla-La Mancha recupera un órgano fiscalizador de la actividad financiera pública que fue eliminado en 2014 por el anterior gobierno de Cospedal.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, ha comparecido en su habitual rueda de prensa de los miércoles, donde ha explicado que con este proyecto de ley, que ya se ha remitido para su tramitación en las Cortes, Castilla-La Mancha se suma al grupo de doce regiones que cuentan con un órgano de este tipo.
Según ha indicado la portavoz, se prevé que la ley de Cámara de Cuentas se apruebe en el Parlamento regional y entre en vigor antes de fin de año, con lo que recuperará con órgano de fiscalización propio tras haberse suprimido la Sindicatura de Cuentas.
Será un órgano de control técnico, que dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla-La Mancha y "tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria", lo que le permitirá "actuar sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia en su labor de fiscalización del un dinero público", ha explicado la consejera.
Ha añadido que el objetivo fundamental es que los ciudadanos tengan "la tranquilidad de que el dinero público se gasta bien, conforme a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia”.
Blanca Fernández ha detallado que estarán sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas el sector público regional, que comprende la administración de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entidades integrantes del sector público regional, así como las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Igualmente, quedarán sujetas a su actuación fiscalizadora las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones o de ayudas públicas, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público regional y los partidos políticos, en lo que respecta a la gestión de las subvenciones o asignaciones por gastos electorales procedentes del presupuesto de la Junta.
La Cámara de Cuentas también tendrá entre sus funciones el asesoramiento de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto del Parlamento; la instrucción de los procedimientos de enjuiciamiento que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos, todo ello en coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas, como ya se actuó con la extinta Sindicatura de Cuentas.
El presidente será elegido por las Cortes
El órgano contará con una Presidencia, cuya persona titular será elegida por el pleno de las Cortes regionales por mayoría de tres quintos en primera votación, o por mayoría absoluta en segunda votación, entre profesionales con titulación académica superior, de reconocida competencia y con más de seis años de experiencia profesional, y su mandato será de seis años, renovable por una sola vez de manera automática.
También dispondrá de un máximo de cuatro auditores, que serán nombrados por la Presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales con titulación académica superior y con más de seis años de experiencia profesional.
