Con el fin de que cada autonomía pueda graduar sus medidas. 

El consejo de Ministros se reunirá mañana con carácter extraordinario. EFE/JM Cuadrado/Pool Moncloa

 El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en su reunión extraordinaria de hoy ha acordado solicitar la declaración del Estado de Alarma en España y en consecuencia en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, tal como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en rueda de prensa. Page quiere que sea un estado de alarma a la carta, es decir, con un intrumento juirídico para toda España, aunque con la flexibilidad suficiente para poder moderar la adopacióón de medidas.

Esta decisión está avalada por los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas que, consultados previamente a la celebración del Consejo de Gobierno, se han mostrado de acuerdo con esta decisión: “Hemos podido hablar tanto con el partido Socialista como con el Partido Popular y con Ciudadanos y se han mostrado plenamente de acuerdo con esta decisión”, ha señalado Blanca Fernández.

Blanca Fernández, hoy en Fuensalida.Disponer de este instrumento, ha dicho la consejera, permitirá tomar medidas necesarias para prevenir el contagio con la necesidad jurídica suficiente y tener una actuación firmemente coordinada con el resto de regiones y con el Gobierno de España, adecuada a la situación epidemiológica de cada momento y evitando medidas en algunos territorios que puedan afectar negativamente a otros o que sean contradictorias.

Diferencias con la primera ola

La portavoz del Gobierno regional ha subrayado una diferencia notable respecto a la primera ola, ya que entonces de cada 10 personas afectadas, 9 acudía al hospital y 6 eran hospitalizadas: “hoy, de cada 10 personas afectadas, solo una tiene que ir al hospital porque el rastreo, la Atención Primaria y las funciones que realiza Salud Pública han sido capaces de darle la vuelta a la situación”, según ha precisado la consejera portavoz, quien ha añadido que además, en estos momentos Castilla-La Mancha está por debajo de la media nacional en la tasa de incidencia en la última semana.

Transmisión comunitaria y preocupante

A pesar de esto, la situación “es preocupante” ya que tal como ha indicado la consejera tanto en España como en Castilla-La Mancha estamos en situación de transmisión comunitaria “y por tanto las comunidades autónomas necesitamos un paraguas de protección jurídica potente como es el Estado de alarma”.

“El virus no conoce fronteras, somos 17 comunidades autónomas, pero no puede ni debe haber 17 estrategia distintas, tiene que existir una misma estrategia a nivel nacional con la flexibilidad suficiente para ser eficaz en cada territorio con una gobernanza compartida, porque aquí no sobra nadie, pero que garantice firmeza, rapidez y diligencia a la hora de tomar medidas en todas las comunidades autónomas porque lo que hacemos, o lo que dejamos de hacer, afecta a las comunidades limítrofes y por ende a toda España”, ha dicho al respecto la consejera.

Evitar un nuevo confinamiento total

Blanca Fernández ha explicado que el estado de alarma es un instrumento jurídico moderno que hay que utilizar sin complejos, como así lo vienen haciendo países del entorno como Francia, Portugal, Italia o Irlanda, porque de lo que se trata es de “evitar a toda costa un nuevo confinamiento total porque es malo para la economía y para la salud emocional de las personas a nivel individual”.

Aunque desde Castilla-La Mancha se defiende un isntrumento jurídico para toda España, aclaró que no renunciamos a un estado de alarma autonómico, que "gestionaremos con eficacia y diligencia como entendemos que hemos hecho hasta ahora y porque tenemos que dar seguridad a una ciudadanía que está demostrando ser responsable de forma mayoritaria pero que necesitamos que tengan también las cosas meridianamente claras”.

Es decir, como dijo ayer Page el estado de alarma “parece razonable que se extienda al conjunto nacional y se deje a las autonomías graduar”.

Consejo de Ministros para aprobar el estado de alarma

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para mañana un Consejo de Ministros extraordinario que estudiará un nuevo Real Decreto de estado de alarma, arropado por las peticiones de nueve comunidades, que, además, están aplicando sus propias medidas para frenar esta segunda ola del coronavirus.

Ninguna comunidad del PP hasta ahora lo ha solicitado, de forma que el Gobierno cuenta con las peticiones de Euskadi, Asturias, Extremadura, Navarra, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria y la Comunidad Valenciana, junto con Melilla, además del apoyo de Ciudadanos, lo que le garantizaría una eventual prórroga en el Congreso por otros 15 días.

Varias de ellas han formalizado hoy su solicitud, como Castilla-La Mancha, donde la Junta de Comunidades, con el apoyo del PP y Ciudadanos, ha requerido la declaración del estado de alarma para su región, aunque prefiere que la medida sea para toda España, petición que ha trasladado a Sánchez en una carta el presidente regional, Emiliano García-Page.

Lo mismo ha hecho el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien en su carta defiende una actuación coordinada con el Estado en la que las comunidades mantengan sus competencias para decretar las medidas precisas en función de la evolución de la pandemia en cada territorio.

Cataluña, que acordó ayer sumarse a la cascada de peticiones que se sucedió durante toda la tarde, se plantea aplicar un toque de queda de las 22.00 a las 6.00 horas, y prepara además una batería de medidas complementarias que quiere poner en marcha cuanto antes, según han dicho esta mañana la consellera de Salud, Alba Vergés, y el de Interior, Miquel Sàmper.

Pero, como ha reconocido la portavoz del Govern, Meritxell Budó, la opción del confinamiento es una posibilidad "que se pone encima de la mesa en función de cómo avancen los datos epidemiológicos".

También Baleares ha solicitado a Sanidad que se les incluya en el decreto de nuevo estado de alarma para disponer de amparo a la hora de establecer "restricciones excepcionales adicionales para frenar la propagación de la covid-19".

Paralelamente, las comunidades que han optado por diseñar su propia alternativa han ido publicando este sábado sus respectivas órdenes con sus medidas para doblegar esta segunda curva.

Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde hasta el 9 de diciembre regirá un toque de queda que supondrá que entre la medianoche y las seis de la mañana solo podrán transitar por la calle quienes vayan a trabajar, tengan una urgencia médica o se desplacen para atender a personas dependientes.

También se ha impuesto la limitación a un máximo de seis personas en las reuniones sociales y familiares.

El presidente Ximo Puig ha informado también de que la Generalitat va a pedir al Gobierno la declaración del estado de alarma, ya que es el instrumento jurídico "más útil" para afrontar la difícil coyuntura actual desde la unidad de acción y la cogobernanza.

En Madrid, que no reclamará el estado de alarma, está activa desde las 16.47 horas, cuando ha expirado el estado de alarma decretado en nueve de sus municipios por el Gobierno central, la orden anunciada ayer.

Dicha orden establece la prohibición de reuniones sociales desde la medianoche a las 6:00 horas y la restricción de la movilidad en 32 zonas básicas de salud donde no se podrá entrar ni salir salvo por motivos justificados a partir del lunes, unas medidas que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha instado al Gobierno que mantenga cuando decrete el estado de alarma.

Castilla y León también ha publicado su propia orden por la que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la comunidad por motivos "muy graves" de salud pública, a través de un toque de queda que se aplicará desde hoy y durante al menos dos semanas, desde las 22.00 hasta las 06.00 horas.

La medida que se acuerda conlleva dejar sin efecto las limitaciones de movimientos de entrada y salida en los perímetros de núcleos de población y municipios que se han venido adoptando hasta ahora y que están vigentes.

Pese a que ha descartado solicitar el estado de alarma al contar ya con cobertura legal para establecer el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia y más restricciones a partir de este lunes en toda la comunidad, Aragón aceptará incondicionalmente lo que decida el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo han indicado EFE fuentes del Gobierno aragonés, que insisten en que la Comunidad aceptará cualquier decisión sin detrimento de la vigencia de su propio decreto ley, aprobado el pasado lunes.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha solicitado hoy al Gobierno que decrete el toque de queda nocturno en la ciudad entre las 23:00 y las 6:00 horas debido al agravamiento de la pandemia.

Otra jornada de máximos

Todo ello en una jornada en la que han vuelto a alcanzarse máximos: más de 6.000 nuevos infectados y otros 48 fallecimientos en Cataluña; 3.378 positivos y 30 fallecimientos en Andalucía; 2.015 positivos y 27 decesos en Castilla y León; y 1.212 y 687 contagios en Euskadi y Galicia, respectivamente, mientras que Extremadura ha registrado 500 casos positivos, cifra récord por segundo día consecutivo.

La Comunidad Valenciana ha registrado 1.690 casos en las últimas 24 horas, la cifra máxima registrada desde el inicio de la pandemia; Asturias batió ayer un nuevo récord diario, con 381 positivos, y una tasa de positividad del 9,87%; y Murcia también llega a su pico más alto con 924 casos.

La Rioja registra este sábado 1.654 casos activos, (127 más que en las últimas 24 horas) y 134 personas ingresadas (tres menos); Navarra vuelve a rozar de nuevo a los 500 casos diarios (497); Baleares 182 contagios y un fallecido más, una cifra muy parecida a la que registra Canarias, que en las últimas 24 horas ha contabilizado 113 contagios y un deceso.

Castilla-La Mancha no proporciona datos hasta el lunes, lo mismo que el ministerio de Sanidad.