Contará con un Plan de Participación anual que informe de lo que pretenden llevar a cabo las distintas consejerías. 

Un momento de la sesión celebrada hoy./CortesCLM.

 Las Cortes regionales han aprobado por unanimidad de los tres grupos parlamentarios -PSOE, PP y Ciudadanos- el proyecto de Ley de Participación de Castilla-La Mancha, que tiene entre sus objetivos garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos.

También pretende crear las condiciones necesarias para facilitar y garantizar la participación ciudadana e institucional en los proyectos normativos, planes o programas que impulse la administración de la Junta.

La norma ha salido adelante con el apoyo de los tres grupos, a pesar de que Cs había anunciado su intención de abstenerse si no se aprobaban las once enmiendas parciales de la formación naranja que habían llegado vivas al pleno de este jueves.

De esas once enmiendas, diez han sido rechazadas con el voto a favor de Ciudadanos, la abstención del PP y el voto en contra del PSOE, y una, relativa a la creación de unidades de participación en las consejerías, ha sido transada por unanimidad de los tres grupos, de manera que esas unidades no se crearán y sus funciones que tenían encomendadas se realizarán con recursos ya existentes.

El vicepresidente regional Martínez Guijarro.Ciudadanos finalmente ha votado en contra de los artículos enmendados y a favor del resto del articulado y de la exposición de motivos, con lo que se considera que la Ley de Participación ha sido aprobada por unanimidad.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha afirmado que esta ley es "un ejemplo de diálogo entre el Gobierno y el conjunto de la sociedad".

Ha asegurado que, en este tiempo nuevo, los ciudadanos "quieren y deben" implicarse en la toma decisiones de las políticas públicas, normas y planes que les afectan y ha insistido en que esta norma tiene por objeto regular el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión pública, "propiciando el diálogo permanente con la Administración regional".

Martínez Guijarro ha recordado que ya existen procedimientos de participación a través de órganos colegiados en varios ámbitos y que seguirán siendo válidos, al tiempo que ha señalado que también se han puesto en marcha los Consejos de Gobierno abiertos e itinerantes para fomentarla.

Sin embargo, ha añadido que las nuevas tecnologías aconsejan nuevos canales, como el portal de participación ciudadana, a la vez que ha subrayado que la norma recoge diversos instrumentos de participación, como foros, recogida de datos mediante cuestionarios, sondeos o encuestas; reuniones de contraste experto o ponencias.

En la misma línea, la portavoz del grupo socialista y ponente del dictámen, Ana Isabel Abengózar, ha indicado que esta ley es "un paso más en la ampliación de derechos y en el modelo de democracia participativa".

Cuatro títulos, 37 artículos, siete disposiciones adicionales y dos finales componen esta norma que contará con un Plan de Participación anual que informe de lo que pretenden llevar a cabo las distintas consejerías y que, según Abengózar, da respuesta a las demandas de una ciudadanía "cada vez más informada y activa".

PP y CS, sí pero...

Por su parte, el diputado del PP Vicente Aroca ha resaltado el "trabajo, consenso y diálogo" que hubo en la comisión previa, en la que todos los grupos parlamentarios hicieron sus aportaciones para mejorar el texto.

Aroca, quien ha apuntado que esta ley se impulsó en la anterior legislatura, cuando el PSOE gobernaba con Podemos, ha explicado que ha tenido "varios borradores y modificaciones" hasta llegar al texto actual y ha resaltado que el apoyo del PP, no es un voto a favor del Gobierno regional, sino "a favor de la democracia participativa".

Precisamente, el parlamentario de Ciudadanos David Muñoz ha incidido en que era un proyecto de ley "con la marca de Podemos", aunque ha reconocido que se ha hecho "un buen trabajo" en la comisión previa para eliminar "ciertas partes", como duplicidades administrativas o estructuras "politizadas y costosas".

Muñoz ha considerado, además, que "se solapa con otras leyes" y ha considerado que la norma es "mucho menos ambiciosa de lo que podría haber sido".