Estas últimas semanas se ha hablado mucho del Cupo Vasco, ya que el mismo fue aprobado en el Congreso de los Diputados con el voto a favor del PP, PSOE, Podemos, PNV, Coalición Canaria y los nacionalistas, con el voto en contra de Ciudadanos y Compromís y la abstención de Bildu.

El Cupo Vasco es la relación financiera entre el País Vasco y el Estado Central. Es en resumen lo que pagan los vascos al Estado por los servicios públicos no transferidos: política exterior (embajadas), defensa (ejercito), la Corona, Justicia, aportación a Europa, la deuda y los intereses de ella…

En El Pais Vasco , las diputaciones de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, recaudan todos los impuestos (I.R.P.F., I.V.A., Sociedades, Impuestos Especiales…), al contrario de lo que sucede en el resto de las Comunidades Autonomas, en los que aparte de los impuestos transferidos (Sucesiones y donaciones,Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos documentados, Juego, tramo de I.R.P.F…), todos los demás los recauda la Agencia Tributaria y después el Estado los transfiere a las Comunidades Autonomas para ejercer los servicios públicos de su competencia.

El Cupo Vasco y el Concierto Navarro, vienen recogidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española, que señala “que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”.

Un derecho histórico que tuvo su origen en el siglo XIX, en 1878. En aquella época,las Juntas Generales de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya recaudaban los impuestos sin pagar nada al Estado, pero al término de las tres guerras carlistas, ante la debilidad económica de las arcas centrales, este exigió a las tres provincias el pago de un dinero, que se siguió haciendo hasta la guerra civil (1936-1939). Al término de la misma, Franco suprimió el derecho foral a Guipuzcoa y Vizcaya, por considerarlas provincia traidoras y lo siguió manteniendo para Alava y Navarra.

Con la muerte de Franco y la llegada de la democracia, al redactar la Constitución, los diputados constituyentes incluyeron en la misma este derecho singular de las tres provincias vascas y de Navarra, y en el año 1981, el gobierno de Adolfo Suarez acordó con el lendahakari Carlos Garaicoechea y su consejero de hacienda Pedro Luis Uriarte Santamarina, que lo que deberían pagar los vascos al Estado sería el 6,24% de la totalidad de gastos de los servicios públicos no transferidos, cifra que era el peso de la economía vasca sobre la española y que este Cupo debería renovarse cada cinco años.

Así se ha venido haciendo hasta el año 2007, en el que al no llegarse a ningún acuerdo ha tenido que renovarse durante dos quinquenios, hasta ahora en que se ha vuelto aprobar. Nadie cuestiona el concierto económico en el Pais Vasco ni en Navarra, porque están recogidos en la Constituciòn, pero sí el modo de calcularlo.

El ministro de hacienda Cristóbal Montoro lo explica diciendo, que los Presupuestos del Estado ascienden a 276.000 millones de euros,y que de esta cifra 89.000 millones de euros se transfieren a las CC.AA. y 187.000 millones de euros son los gastos de los servicios públicos no transferidos , por lo que con los ajustes oportunos se fija el Cupo Vasco en 1.300 millones de euros al año y por esa misma regla, Navarra, cuya economía supone el 1,6% sobre la española deberá pagar al Estado una cifra cercana a 300 millones de euros.

Es cierto que esta singularidad de las dos comunidades forales son un privilegio para ellas, pero en todo caso el suprimirla solo podría hacerse reformando la Constitución. En cuanto a su calculo siempre ha habido discrepancias: las Comunidades Autonomas dicen que pagan mas de lo que debían y el Estado que recibe menos de lo que debiera. Lo que sí parece es que este sistema se aparta del espíritu de solidaridad territorial que recoge nuestra Constituciòn para tratar de igualar a las regiones mas pobres con las que mayores ingresos generan.

José Maria Bris Gallego.
28 noviembre 2017.