Definitivo. Porque aunque hay muchas posibilidades de que sea provisional, está obligado a actuar como si fuera definitivo.
¿Son muchos los 137 cargos políticos que, según se dice, tendrá el Gobierno de Castilla – La Mancha? Yo creo que no; creo que en relación con lo que se gestiona en todos los ámbitos (tanto en materia presupuestaria como lo que atañe a la iniciativa legislativa y a la gestión ordinaria de las competencias estatutarias) es un número que no puede calificarse como escandaloso en una región tan compleja, tan extensa y –siento decirlo– tan deslavazada, tan desestructurada en muchos aspectos. Por comparación, utilizando los mismos parámetros (presupuesto y gestión de competencias locales), mucha menos justificación tiene el elevado número de liberados en ayuntamientos y diputaciones. Desde luego, no aguantan un mínimo contraste comparativo con la Comunidad Autónoma.
Digo que es un Gobierno provisional porque desde meses antes de las elecciones se sabía que Podemos no se involucraría por el momento (más allá de los acuerdos de investidura) en la gestión ordinaria. Eso sí; esta situación algo atípica cambiará con seguridad cuando se conozcan los resultados de las elecciones generales que se celebrarán al final del otoño, y entonces, en función de lo que suceda, todo empezará a cambiar. Tengo la sospecha de que Pablo Iglesias, convencido de su verdad, echará un órdago en estas elecciones generales para intentar el dificilísimo empeño de gobernar. Para ello necesita que se den, al menos, dos condiciones esenciales: una, ser la fuerza más votada de la izquierda (por mucho que se empeñe en decir que su proyecto es transversal); otra, que el Partido Socialista no opte por una solución distinta para la gobernabilidad del país. Pues bien: si tras las elecciones generales llegara a haber una gran coalición (algo difícil de pensar, por el momento), la posición de Podemos en Gilitos (sede del parlamento regional) sería irrelevante; si los resultados de esta formación le dieran para gobernar en España, con el PSOE como segunda fuerza de la izquierda, el Gobierno provisional se tornará en Gobierno de legislatura; si es el PSOE la primera fuerza de la izquierda, y le salen las cuentas para gobernar, seguramente Podemos no dejaría gobernar a la derecha, aunque si sus resultados no son los esperados es muy probable que Pablo Iglesias dé un paso atrás; si el número de escaños conseguidos para el Congreso fueran muy inferiores a las expectativas, la cuestión sería ya si ese partido tiraría para adelante en su actual configuración o se iría diluyendo poco a poco, o, incluso, si licenciaría la tropa. En todos los supuestos, menos en dos, el Gobierno de Castilla – La Mancha será un Gobierno de legislatura, a partir de enero, entre el PSOE y Podemos. Las dos excepciones son la gran coalición PP – PSOE (improbable), o un resultado para Podemos mucho más corto del esperado. En este último supuesto –ya sucedió con el CDS y con Nueva Izquierda– la incorporación de los cargos públicos a un PSOE hegemónico en la izquierda se iría produciendo individualmente y según las circunstancias. Ahora bien, en el supuesto más probable (resultado aceptable del partido emergente) Podemos reclamará sus cuotas de poder después de las Navidades, y no serán pequeñas: desde luego, no serán inferiores a la representatividad obtenida por la formación en las Cortes Regionales (atendiendo más al número de votos que al número de escaños). La presión de sus bases, en este escenario, sería notable.
Gobierno provisional, pues, que no exime al Gobierno de García–Page de su obligación de gobernar desde el primer día como si fuera definitivo. Tajo (además de río Tajo) hay. Demos algunas pinceladas.
1.- Una de las prioridades de Podemos es el cambio de la Ley Electoral y del Estatuto de Autonomía. Sobre la primera, ya he dicho cuanto tenía que decir en este periódico; y sólo insistiré en una cuestión: esa Ley desastrosa está blindada por la modificación estatutaria que nunca debieron aprobar las Cortes Generales, y por tal motivo nada se va a hacer hasta que pasen las elecciones generales. En cuanto a lo segundo, algunas de las medidas propuestas están bien y otras, simplemente, o son redundantes, o imposibles, o no sirven para nada. Ya se irá viendo más despacio.
2.-Más urgente (elecciones no vuelve a haber hasta dentro de cuatros años) es diseñar algo que se parezca a un modelo productivo que ofrezca alguna alternativa al ladrillo. Sé de sobra que tal modelo es inescindible de la planificación económica general en la que debería arremangarse (y no se arremanga) el Gobierno de España (ni este ni el anterior), pero es de suponer que algún margen de maniobra habrá. Está bien, desde luego, exprimir las posibilidades económicas que puedan ofrecer las zonas conexas a la conurbación madrileña, pero ese debate ya se queda corto y viejo. De igual manera, es imprescindible retomar el debate sobre el agua, pero no basado en exclusiva en viejos postulados –a veces erróneos–, en reivindicaciones romas, y en peticiones no ya imposibles de aceptar sino contrarias al interés general de la Nación. Repetiré una vez más que no es el argumento de la preferencia de la cuenca cedente el más útil para defender los intereses de Castilla – La Mancha, y –al menos como elemento para el debate– hay que aportar ideas nuevas sobre el agua, porque tal vez hay que mirar hacia los inviernos de los caudalosos afluentes cantábricos del Duero mucho más que al Tajo Medio (no hay agua) o al Delta del Ebro (en esa cuenca hay mucha población, malos pantanos, desiertos que piden agua, un Segría que exprime al Segre, y un ecosistema único y cada día más salinizado). Por muchos motivos, unos puramente económicos, otros de distribución de la población, y otros, en fin, de cohesión nacional, hay que mirar al Duero. Hoy la tecnología admite soluciones para obras que en el pasado eran quimeras; hoy hay un túnel de 139 kilómetros que suministra el 50% del agua que consume Nueva York. Y que nadie crea –por mucho que a la bella ciudad le cante Sinatra– que todo el Levante Español, de Castellón a Almería, es menos importante.
3.-Otro asunto que necesita la atención del nuevo Gobierno es la Administración Regional, más herida de lo que pueda parecer. La gente corriente –también los periodistas más influyentes, y eso es una lástima–, suele poner el objetivo casi exclusivamente en esa superestructura política de 137 personas (o las que sean) que dirige la acción política pero que es, al propio tiempo, la cabeza de una infraestructura constituida por miles de funcionarios que, bien a su pesar, no han conformado hasta la fecha una Administración plenamente profesionalizada. Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, qué se le va a hacer, pero asuntos como la carrera administrativa, o la ausencia de plena independencia de criterio a la hora de emitir un informe o fiscalizar un gasto, constituyen todavía elementos de debilidad y problemas pendientes. En estos últimos cuatro años no han mejorado las cosas. Aún más: soy de los que creo que uno de los sectores de población que ha hecho caer al gobierno de Cospedal ha sido el funcionarial. Desde luego se siguió abusando de la libre designación en detrimento de una carrera profesional digna de tal nombre, pero se cometieron errores aún mayores: se empezó demonizando a los funcionarios que habían desempeñado altos cargos en los gobiernos de Bono y Barreda, la inmensa mayoría de los cuales habían prestado servicios más que notables a Castilla–La Mancha, se atentó contra la carrera administrativa de miles de funcionarios públicos (tal como están ahora las cosas, un funcionario sin su primer trienio cumplido puede ser asignado a un puesto de trabajo con un nivel 30, desempeñar adecuadamente su función durante una generación y jubilarse, degradado, en un nivel 25), se empeoraron sus condiciones sanitarias y asistenciales, y, para rematar, se hizo lo que más duele a un funcionario: enfrentar sus supuestos privilegios con la situación de los trabajadores del sector privado (y más en una época de crisis económica aguda). Nadie se acordó entonces de la enorme contención salarial de los servidores públicos en años de notable crecimiento económico; nadie salió a decir que los célebres moscosos tuvieron su origen en crecimientos salariales nulos que contrastaban con los que recogían los convenios colectivos. Y sin embargo, ¡ay, sin embargo!, cuando desde el sector privado se ataca duramente a los funcionarios públicos, se está ya muy cerca de cercenar en mayor grado los derechos de los trabajadores del sector privado. Al ataque a los funcionarios sucedió una pauperización sin precedentes de las condiciones de trabajo del resto de los asalariados. Y la consecuencia ha sido, claro está, una pérdida de peso de las rentas del trabajo en relación con las rentas del capital.
4.-Llamo la atención sobre otra circunstancia peculiar de Castilla – La Mancha: la capitalidad de la Región tiene una población de algo más de ochenta y tres mil habitantes, que representa apenas el 4% de la población total. Salvo el de Mérida (ciudad que está, no obstante, cerca de Cáceres y más aún de Badajoz), o el de Santiago (La Coruña a 57 kilómetros y Vigo a menos de 80), no se da un caso en España en el que una población tan pequeña aporte proporcionalmente tan gran número de altos cargos (y de altos funcionarios) a la administración regional. Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Sevilla, Valencia, las Islas, no son casos comparables, tienen mucha más población. Tampoco lo son las uniprovinciales, que concentran gran parte de los habitantes en la capital. La pereza de las comunicaciones, además, complica aún más el problema. La desconcentración –muy necesaria– es compatible, desde luego, con un necesario control desde los servicios centrales, pero no hay razón para que la inmensa mayoría de los altos niveles de la Administración se ubiquen en Toledo. Un término medio estaría bien, oxigenaría la Administración (la situación en la capital regional –ya lo explicaré otro día– tiene a veces tintes claustrofóbicos), y racionalizaría el sistema.
5.-Por descontado, es necesario volver a pensar en el fortalecimiento de los servicios esenciales que presta la comunidad autónoma (sanidad, educación, atención a los menos favorecidos), pero también ha de aprenderse de los errores: ha de fortalecerse el músculo de estos servicios, pero esto no significa decir a todo que sí. Es hora de asegurar prestaciones de calidad; no puede volver a ser hora de construir –para luego mal mantener– todo aquello que desde algunos sectores se solicita sea construido. Algo se habrá aprendido con la crisis, digo yo.
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Rufino Sanz es abogado y fue director general de Administración Local en Castilla-La Mancha.
