Según se van conociendo los programas de algunos partidos políticos el desconcierto educativo está muy presente con lo que esto supone de pensamiento único y la ausencia de elección de centro garantizado por la Constitución vigente en su artículo 27-3 que consagra el derecho fundamental de los padres, los últimos responsables de la educación de los hijos, a elegir el modelo educativo más conforme con sus valores morales y religiosos. Este desconcierto educativo afecta especialmente a los centros concertados, que pretenden asfixiar casi todos los partidos que se proclaman social-comunistas pero que actúan como reaccionarios la hora de garantizar la libertad educativa No hay partido de izquierda o de centro izquierda que no se pronuncie en contra de los centros concertados, a los que consideran elitistas o con fines lucrativos, como si pretendiesen negociar con la enseñanza obligatoria. Mantra que se repite incluso desde algunas Consejerías de Educación cuando su obligación debería ser cumplir y hacer cumplir la legislación vigente y no poner todos los obstáculos posibles, para incumplirla. Unido a este ataque claro a la enseñanza, está el que pretenden estas fuerzas políticas, incluido Ciudadanos, por erradicar la enseñanza de la asignatura de la Religión de la escuela pública, como ha declarado recientemente el Secretario General del PSOE, que desde que tomó posesión siempre ha tenido la obsesión de denunciar los acuerdos del Gobierno Español y la Santa Sede, que tanto bien están haciendo a la sociedad española en materias como la Sanidad, Educación, Asistencia Social a los personas más necesitadas y excluidas lo que supone un ahorro muy importante a los gobiernos de turno, como se está demostrando en tiempos de dura crisis. Es muy necesario tener en cuenta que la Enseñanza Concertada como la Pública y todas las prestaciones sociales no la pagan los gobiernos de turno sino los españoles con sus impuestos. Esta verificación de desconcierto educativo afecta seriamente a todas Comunidades Autónomas en donde se percibe una clara oposición por parte de alguno responsables políticos por hacer inviables los conciertos.
Los profesores de la enseñanza concertada tienen fundadas dudas sobre su futuro laboral, por eso piden la ayuda de la sociedad, especialmente de los padres que mandan a sus hijos a los centros concertados, no para mantener privilegios que no tienen, sino para que su actividad docente no se vea en peligro para los vaivenes de la demagogia y el populismo; que su labor educativa sean vista como lo que es una función social, que no sólo no se opone a la enseñanza pública sino que la complementa. El sistema educativo debe garantizar el derecho a la educación en libertad de elección de centro a todos, sin que esto sea sólo un privilegio de los más fuertes económicamente. Esto sólo se pude lograr no marginando a nadie sino dando igualdad de oportunidades a todos. Intentar asfixiar a los centros concertados que cumplen estrictamente con todos los requisitos que exige la legislación es una medida además de reaccionaria y sectaria, que no favorece a nadie y perjudica a muchos. Volver a la guerra escolar es la mejor forma de empeorar el sistema educativo que necesita un claro consenso en el que prime el interés de los ciudadanos y no la ideología política de los partidos. Sin un gran consenso la educación en España no saldrá de su postración endémica, como se verifica en los resultados negativos como son el abandono escolar y el fracaso escolar, con el número creciente de los llamados “ninis”. Son muchos los políticos que no se quieren enterar por motivos cortoplacistas y electorales de que el futuro de España pasa por un sistema educativo de calidad, mientras que ellos siguen instalados en la guerra escolar del enfrentamiento entre educación pública vs y privada y hacer de la asignatura de la Religión una especie de palacio de invierno que debe tomado como sea.
Fidel García Martínez
Catedrático Lengua Literatura. Doctor Filología Románica
