Magdalena ValerioMagdalena Valerio, diputada del PSOE por Guadalajara y vocal en la Comisión de Justicia del Congreso, ha pedido al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no deje sin jueces a Sigüenza y Molina por la desaparición de sus juzgados de Instrucción.
Valerio reclamó a Catalá que corrija “todas las contrarreformas ideológicas y revanchistas que Gallardón le ha dejado aprobadas o en tramitación”, entre las que figura la modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial. Esta reforma, que Gallardón intentó primero con una ley específica y después como parte de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en fase de anteproyecto de ley redactado pero todavía sin pasar por el Consejo de Ministros y sin entrar por tanto en el Parlamento, supondría dejar sin jueces a Sigüenza y Molina de Aragón, así como eliminar los juzgados de paz y la Audiencia Provincial.
“Al nuevo ministro le decimos que está a tiempo de paralizar esta reforma de la planta y demarcación judicial, y le pedimos que lo haga, porque es un paso más hacia el desmantelamiento de la Justicia como servicio público de proximidad a la ciudadanía”, ha señalado Valerio, además de “provocar el encarecimiento de los procesos, más colapso en la administración de justicia y perjudicar especialmente al medio rural”.
La provincia de Guadalajara cuenta actualmente con 285 juzgados de paz, que desaparecerían con ese anteproyecto de ley. Además, eliminaría la Audiencia Provincial para crear tribunales de instancia que implicarían el traslado de todos los jueces que operan en la provincia de Guadalajara (18) a la capital, dejando por tanto sin jueces las salas de Sigüenza y Molina de Aragón.
Además, la eliminación de la Audiencia Provincial, que actualmente dirime los recursos en segunda instancia de los procesos civiles y penales, supondría que quien quiera recurrir tendrá que hacerlo en Albacete, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, lo que “sigue alejando la administración de justicia de la ciudadanía y encareciendo los costes para el ciudadano”.
Falta por saber por tanto cómo quedará finalmente esta Ley tras la dimisión de su promotor, el ya ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Hay que recordar que el pasado agosto Gallardón ya había dado marcha atrás en algunas cosas y admitió en Galicia tras una reunión con Alberto Núñez Feijóo que “no desaparecerán” estos partidos judiciales, aunque quieren que su papel será distinto en un futuro. Esto significaría la continuidad de los juzgados de Instrucción de Sigüenza y Molina. En cambio, en lo que el ministro se resistía a dar marcha atrás es con las Audiencias Provinciales, que su anteproyecto de ley liquidaba en beneficio de los Tribunales de Justicia de cada región.
Justicia gratuita: 7.868 casos y 885.000 euros en Guadalajara en 2013.
La parlamentaria socialista también ha pedido al nuevo ministro de Justicia que pare la tramitación de la Ley de Justicia Gratuita, que tal como la ha dejado planteada Gallardón “es injusta, porque endurece las condiciones de acceso a la justicia gratuita, deja fuera de ella a los inmigrantes sin papeles, desincentiva la solicitud del servicio y se limita a tres pleitos anuales”.
En el año 2013, en la provincia de Guadalajara los ciudadanos contaron con el servicio de justicia gratuita en 7.868 asuntos judiciales, con un coste de 885.000 euros. En el conjunto de Castilla-La Mancha fueron 62.670 procedimientos, con un coste de 7 millones de euros. En toda España hubo justicia gratuita en 1.775.000 asuntos y su coste fue de 223 millones de euros.
Derogación de la Ley de Tasas Judiciales.
De las leyes que Gallardón dejó aprobadas, Valerio ha pedido al nuevo ministro que derogue la Ley de Tasas Judiciales, por ser una “ley abusiva, injusta y que está pendiente de dos recursos de inconstitucionalidad presentados por el PSOE, una ley que tiene una finalidad exclusivamente recaudatoria y de restringir el acceso a la Justicia, creando una justicia para ricos y otra para pobres”.
La Ley de Tasas Judiciales, que Gallardón aprobó en solitario, teniendo en contra a las asociaciones de consumidores y usuarios, los sindicatos de la Administración de Justicia, los funcionarios en general y a todos los operadores jurídicos (jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores), establece unas cuotas mínimas de entre 100 y 1.200 euros para recurrir o iniciar procesos judiciales, se trate de un particular o de una empresa multinacional.
Ley del aborto
Por último, Valerio ha pedido al nuevo ministro de Justicia que inicie de forma inmediata gestiones para que el PP retire el recurso de inconstitucionalidad que tiene presentado contra la actual Ley de Educación y Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, popularmente conocida como Ley de Plazos del Aborto, cuya reforma fue retirada por el presidente del Gobierno lo que motivó la dimisión de Gallardón.
