Levanta la sanción a un profesor de Cabanillas porque no considera probado que tuviera un propósito de adoctrinamiento.
Ángel Renieblas fue sancionado con un mes de empleo y sueldo, y el juzgado lo ratificó.
El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por la asesoría jurídica del STE-CLM contra la sentencia que sancionaba al maestro Ángel Renieblas, con cerca de 40 años de antiguedad, a un mes de suspensión de empleo y sueldo, por destinar 10 minutos de clase a contar los motivos por los que secundaría la huelga convocada el 29 de febrero de 2012 contra los recortes educativos del gobierno de Cospedal.
La entonces Coordinadora Provincial de Educación, Violeta Miguel, decidió sancionarlo, en contra de la opinión de la inspección educativa que no vio ninguna anomalía en su actuación. La sanción fue ratificada por el Consejero de Educación, Marcial Marín, tras lo cual desde STE-CLM se recurrió la sanción ante los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Guadalajara, al igual que la Administración sancionadora, consideró dicha conducta como falta leve por incumplimiento de los deberes y obligaciones de funcionario, del código ético y de conducta que debe regir la actuación de los empleados públicos en junio de 2014. La sentencia justificaba la sanción en base a que Renieblas se dirigió a sus alumnos de 5º de Primaria y 11 años y “los adoctrinó” al explicarles, ante las preguntas de sus alumnos, las causas por las que no acudiría al colegio al día siguiente. El juzgado consideraba igualmente que con el escrito que dirigió a las familias donde se exponían las razones que le llevaban a sumarse a la huelga, el maestro se excedió en su derecho a la libertad de expresión.
El STE recurrió esta sentencia al Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y tres años después el alto tribunal anula la sanción de la Consejería, ratificada por el Juzgado de Instruccdión.
No está probado que hubo adoctrinamiento
Para ello, el Constitucional afirma que “lo único que considera acreditado es que el demandante informó a los alumnos sobre la convocatoria de huelga y su voluntad de secundarla; pero esa circunstancia no denota, por sí sola, un propósito de adoctrinamiento o, al menos, un propósito de influir tendenciosamente en el alumnado”.
Según las conclusiones del tribunal, el profesor “no cometió la falta leve por la que fue sancionado, consistente en incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal funcionario”. La consejería basó la sanción en que Renieblas usó bienes públicos para usos particulares e incumplió el deber de neutralidad en el ejercicio de sus funciones como docente. La sentencia considera que la actuación del maestro, “que solo dedicó unos minutos de la clase a explicar a sus alumnos las razones de la huelga y entregó una nota dirigida, con la misma finalidad, a sus padres, no tiene encaje en el tipo sancionador, dada la naturaleza de la información transmitida y el escaso tiempo que dedicó a ello”.
El segundo motivo de la sanción fue valerse de su posición como empleado público docente para “expresar su opinión personal sobre la huelga convocada, resultando su actuación parcial y carente de objetividad y neutralidad”. La sentencia afirma que "no queda acreditado en el expediente que dicha actuación posea un contenido informativo que se pueda entender vulnerador del deber de neutralidad funcionarial”. Los alumnos testificaron que su maestro “dijo que él quería ir a la huelga para ver si se solucionaban los motivos que explicaba” en la nota dirigida a los padres y porque “iba a haber recortes en el presupuesto”.
El STE critican que los que promovieron esta sentencia, el entonces consejero de Educación Marcial Marín y la coordinadora provincial Violeta Miguel, tengan ahora sendos puestos en el Ministerio de Educación, como Secretario de Educación y en el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, respectivamente, y reclama que dimitan de ambos cargos.