Sin acuerdo, serían los ayuntamientos los que deberían asumir el incremento salarial, y muchos no podrían.

 Junta y Diputación se reunirán de urgencia el próximo lunes 22 de mayo, a petición de la Diputación para ver quién paga el aumento salarial que experimentarán los sueldos del Plan Extraordinario como consecuencia de la subida del 8% en el Salario Mínimo Profesional.

Las posiciones entrán enfrentadas. La Diputación mantiene que hay un compromiso que adquirió el presidente Emiliano García-page de hacer frente a ese incremento salarial, y la Diputación de Guadalajara así lo va a exigir, según ha declarado hoy Juan Pedro Sánchez, el diputado de Promoción. El diputado delegado ha recordado que en noviembre de 2015, la Junta y la Diputación Provincial de Guadalajara firmaron un convenio para llevar a cabo un Plan Extraordinario de Empleo para los años 2016 y 2017 en el cual la Institución Provincial aporta 4.501.006 euros.

A esta cantidad aportada por la Diputación Provincial de Guadalajara, ha precisado Sánchez Yebra “el gobierno regional debía sumar la diferencia restante para cubrir la totalidad del salario que tienen que percibir los trabajadores, con independencia de la subida del SMI para 2016 y 2017. Así fue en 2016 y así debería haber sido para las contrataciones de 2017”.

El principal incumplimiento, ha aseverado el diputado delegado de Promoción Social, “se refiere a la no cobertura total que la entidades locales debían pagar a los trabajadores contratados”. En la resolución provisional primero, y ahora ya en la definitiva desde la semana pasada, “se han publicado los ayuntamientos y entidades locales beneficiarias y se les detrae la cantidad de 211,50 euros por trabajador contratado”.

Por su parte, la Junta de Comunidades firmó una adenda con las diputaciones provinciales de Albacete, Toledo y Ciudad Real, las tres goberndas por el PSOE, por el que se regula la aportación financiera de dichas entidades al Plan Extraordinario por el Empleo, y que afrontarán entre todas las partes. La Diputación de Guadalajara no lo firmó. Y hay que recordar que la de Cuenca, también gobernada por el PP, no participa en este Plan que lidera de la Junta.

En lo único que la Junta y Diputación parecen de acuerdo son en las consecuencias de esta falta de acuerdo. Esta decisión, apunta el diputado delegado, “puede ocasionar grandes problemas de financiación a los ayuntamientos y desempleados de la provincia”.

Y desde la la consejería se advierte, para que queda claro, que los ayuntamientos de las provincias de Cuenca y Guadalajara serán ellos mismos quienes tendrán que asumir la parte que dejan de aportar dichas diputaciones, "dejando en una situación de clara desventaja" a los ayuntamiento y trabajadores que se acojana él, apuntó la consejera de Empleo, Patricia Franco.