La decisión les ha sido comunicada a sus alcaldes como un hecho consumado por el Ministerio de Justicia mediante una carta en la que les indican que se ha producido un reagrupamiento de las demarcaciones, de manera que el registrador de Cifuentes se trasladará a Molina de Aragón y el de Sacedón a Pastrana.

 Los alcaldes socialistas de Cifuentes y Sacedón, José Luis Tenorio y Francisco Pérez Torrecilla, respectivamente, han mostrado su malestar porque las oficinas del Registro de la Propiedad que existen en ambas localidades se quedan sin registrador. Las oficinas de momento seguirán abiertas pero solo se podrá operar en ellas de forma telemática.

Ambos regidores han mostrado su protesta ante lo que consideran “un retroceso”, que responde únicamente a "criterios economicistas" y pone de manifiesto el "desinterés" del Gobierno de Mariano Rajoy por el medio rural de nuestra provincia. “Cuando lo que necesitamos es un especial apoyo de las administraciones para superar las dificultades que conlleva la vida en los pueblos, lo que nos encontramos es, precisamente, todo lo contrario: la eliminación de servicios públicos, que lo único que hace es fomentar la despoblación”, ha lamentado el alcalde de Cifuentes.

Tanto él como el alcalde de Sacedón van a enviar sendos escritos al Ministerio para mostrar su malestar y pedir una rectificación. “Nos dicen que el servicio va a ser más eficaz, pero queremos que nos expliquen cómo se puede conseguir eso cuando alguno de los 47 pueblos que comprende el Registro de Cifuentes está a más de una hora y media de camino Molina de Aragón”, ha señalado Tenorio. Otro tanto ocurre en el caso de Sacedón, que da servicio a 23 núcleos de población, sin que exista transporte con Pastrana.

Aunque el Ministerio anuncia que se mantendrán abiertas las oficinas y que estarán comunicadas mediante sistemas telemáticos, los alcaldes reprochan que estos todavía no están implantados y su funcionamiento es muy cuestionable en el medio rural, donde las nuevas tecnologías no siempre ofrecen unas prestaciones adecuadas. Además, tampoco se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas que ahora se encargan de atender a los usuarios, cuatro en total, además de los propios registradores.

De hecho, los alcaldes temen que este no sea más que el primer paso antes del desmantelamiento total de los registros. “En todo caso, lo que está claro es que perderemos en calidad y proximidad del servicio, quedando como ciudadanos de segunda o tercera categoría”, ha aseverado Tenorio.