Pablo Bellido.El Grupo Parlamentario Socialista ha obtenido el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados a su solicitud de prohibición del “fracking” en todo el territorio nacional, con la excepción del PP.

 El portavoz socialista de Medio Ambiente y diputado por Albacete, Manuel González Ramos, ha defendido ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una proposición no de ley para prohibir en todo el país la utilización de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (“fracking”), que únicamente ha sido rechazada por los representantes del PP.

El diputado del PSOE de Guadalajara en el Congreso, Pablo Bellido, ha mostrado su satisfacción por una decisión que afectaría de manera muy directa a nuestra provincia, donde el Gobierno de Mariano Rajoy autorizó en mayo de 2013 un proyecto de investigación denominado Cronos, que afecta a cerca de 20.000 hectáreas y 8 términos municipales de Guadalajara, entre ellos áreas de gran interés ambiental.
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“No podemos olvidar que entre los riesgos atribuidos al ‘fracking’ figura la posible contaminación de acuíferos, y conlleva también aumento de los riesgos sísmicos y del calentamiento global”, ha advertido Bellido. Además, ha subrayado que seguir apostando por el “fracking” significaría perpetuar un modelo de energía basado en los combustibles fósiles, “condenando a España a una dependencia energética por décadas”. Por eso, la proposición socialista también ha hecho hincapié en la necesidad de apostar por energías renovables, eliminar el impuesto al sol y seguir desarrollando energías limpias.

Por otro lado, el diputado socialista ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido pionero en la lucha contra el “fracking”, cumpliendo el compromiso asumido por el presidente regional, Emiliano García-Page. Para ello, ya se ha aprobado un proyecto de ley que contempla diferentes medidas para impedir en la práctica cualquier proyecto de estas características en la comunidad. La normativa obligará a adoptar medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente, así como garantías financieras de los posibles riesgos medioambientales que los "harán inviables".