Hace seis años el Ayuntamiento de Marchamalo vendió una parcela para hacer una promoción de viviendas de VPO. Los cooperativistas pusieron un millón de euros para que se construyeran sus casas pero su dinero se gastó sin que se pusiera un solo ladrillo. Denunciaron por estafa y apropiación indebida a Mariano Rojo Rojo, responsable de la empresa gestora Gesvicam pero la Audiencia Provincial le ha absuelto. Esta es la rocambolesca historia.
Lo que empezó como un sueño. Ha acabado en pesadilla. Pesadilla para más de 50 vecinos de Marchamalo que un día soñaron con tener una vivienda de protección oficial y que ha terminado, seis años después, sin vivienda, sin dinero y sin culpables.
La historia empieza en 2008 cuando el Ayuntamiento de Marchamalo hace un concurso para que en una parcela municipal se construyan 108 viviendas de Protección Oficial (VPO). Sólo una empresa se interesó en el concurso, Gesvicam, y en marzo del 2009 el Ayuntamiento le adjudica la parcela. Meses después, en enero de 2010, se hizo el sorteo para adjudicar los pisos. Más de uno lo recordará porque lo sacaron en muchos medios de comunicación. Ese día todo fueron lágrimas de alegría. Seis años después se han convertido en lágrimas de amargura y desesperación.
En enero de 2010 las viviendas fueron sorteadas. Incluso había lista de espera pero lo que se vendió como un éxito pronto empezó a hacer aguas. Al igual que ocurrió en otras promociones de vivienda protegida de Guadalajara alguno de los adjudicatarios ni siquiera llegaron a formalizar el contrato. No tenían los 10.000 euros que se pedían de señal. Así de sencillo. Eso produjo las primeras bajas.
En esos primeros días se produjo una sorpresa. Los adjudicatarios conocieron, el mismo día que fueron a elegir su futuro piso, que debían constituirse en cooperativa. De hecho ya había una cooperativa constituida. Se llamaba Arca de la Fuente, había sido creada por cuatro trabajadoras de Gesvicam, la misma empresa que se iba a encargar de toda la gestión de la promoción, y los que ahora querían un piso tenían que unirse a ella. “Para nosotros fue una sorpresa-explica Antonio González, actual portavoz de la cooperativa-. Nosotros pensábamos que era el Ayuntamiento el que estaba detrás y que ellos se iban a encargar de todo, pero una vez hecho el sorteo el Ayuntamiento se desentendió”.
Según el alcalde de Marchamalo Rafael Esteban el Ayuntamiento nunca dijo que debía ser en régimen de cooperativa. Eso lo eligió Gesvicam una empresa que llegó con todo organizado: Gesvicam se encargaban de la gestión, Obras Coman de las obras y la cooperativa creada por trabajadores serían los promotores.
Desde Gesvicam, el responsable, Mariano Rojo Rojo, explicó a los adjudicatarios que había que cambiar el Consejo Rector de la cooperativa, que lo normal era que estuviese formado por cooperativistas y no por sus trabajadoras y que si no había voluntarios se haría un sorteo. Al final salieron voluntarios y se creó el Consejo Rector. Ese Consejo aceptó las condiciones que ya estaban establecidas en esa cooperativa, lo que supuso aceptar que Gesvicam se llevase un 9 por ciento del coste total de la promoción y firmar unos pagarés para que Gesvicam cobrase por su trabajo de gestión 30.000 euros al mes.
Cartel sobre la parcela municipal donde deberían haberse construido las viviendas. Foto: Nuria Fernández.Ahí empezaron de verdad los problemas.
Los meses fueron pasando y los cooperativistas siguieron aportando dinero. Entre medias otros se dieron de baja y la cooperativa nunca conseguía tener el 80 por ciento de las casas vendidas, un requisito imprescindible para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la diese la calificación de vivienda protegida.
Y los meses pasaron.
Y los socios siguieron pagando.
Entre todos aportaron casi un millón de euros.
“Hacíamos reuniones con Gesvicam- señala Antonio González- y preguntábamos por nuestras casas y nos decían que todo seguía su curso pero que no llegábamos al 80 por ciento de viviendas vendidas. Preguntábamos por nuestro dinero y nos decían que estaba en el banco. Todavía no éramos conscientes de que nos cobraban 30.000 euros al mes por las gestiones.”
Pero llegó el día. Los cooperativas estaban hartos de pagar y de que no se moviese nada y dijeron que no ponían más dinero, Mariano Rojo les dijo que sólo quedaban 150.000 euros en la cuenta (aunque habían aportado casi un millón) y que si no ponían más no se podía seguir. Entonces decidieron denunciar a Mariano Rojo Rojo por presunta estafa y apropiación indebida.
Sin delito penal
La acusación particular pidió para Mariano Rojo 8 años de cárcel y la devolución del dinero. El Ministerio Fiscal una pena similar. Los cooperativistas lo creían ganado pero la Audiencia Provincial le ha absuelto de los dos cargos.
En la sentencia la Audiencia asegura que no puede condenar a Mariano Rojo Rojo porque para que haya una estafa es necesario que exista intención previa de engaño y creen que cuando el dueño de Gesvicam puso en marcha el proyecto no lo hizo con la intención de engañar a los cooperativas. Además, incide la sentencia, siempre les tuvo informados de los pasos que se daban.
Por si fuera poco la Audiencia aclara a los socios que en una cooperativa son ellos los que toman las decisiones y les recuerda que el Consejo Rector firmó una serie de pagarés por los que Gesvicam iba a cobrar 30.000 euros al mes por su trabajo. Si ellos firmaron, considera la Audiencia, no pueden decir que desconocían totalmente lo que estaba pasando.
Así es como Mariano Rojo ha sido absuelto de sus cargos aunque la sentencia reconoce también puntos a favor de los cooperativistas. Señala que puede no ser moral por parte de Gesvicam crear una cooperativa con tus propios trabajadores. También reconoce que puede ser abusivo que una empresa cobre el 9 por ciento más IVA del coste total de una promoción y apunta que también puede ser abusivo que en caso de rescisión unilateral de contrato, Gesvicam no tenga ninguna responsabilidad y los cooperativistas estén obligados a pagar sí o sí ese 9 por ciento. Pero la Audiencia dice que eso es un tema que se tienen que reclamar por la vía civil y no por lo penal.
La sentencia ha sido la puntilla para los 56 cooperativistas que todavía están metidos en el proyecto. Según Antonio González aunque el Consejo Rector firmó los pagarés “no éramos conscientes de lo que eso suponía. A nosotros siempre nos decían que no teníamos que preocuparnos de nada porque Gesvicam se encargaba de todo”.
La cooperativa no ha recurrido la sentencia y está decidiendo qué camino seguir: “nosotros queremos recuperar nuestro dinero y en el juicio quedó claro que Mariano Rojo no tiene nada”. Por eso están barajando ir contra el banco que debió obligar a Gesvicam a contratar un aval bancario para garantizar sus aportaciones.
“Han desaparecido más de 900.000 euros. Es mucho dinero para que esto quede como si no hubiera pasado nada”.
Enfadados con el Ayuntamiento, que también está contrariado
Pero en este asunto hay un tercer actor más: el Ayuntamiento de Marchamalo que es quien puso en marcha el proyecto ofreciendo una parcela municipal. Su alcalde, Rafael Esteban, asegura que en el Ayuntamiento están contrariados con la situación.
La cooperativa Arca de la Fuente se queja de que fueron a pedirles ayuda y no encontraron respaldo. “Cuando les explicamos la situación-dice Antonio González- nos dijeron que no sabían nada y al final nos ofrecieron darnos un terreno nuevo”. “Es verdad, -responde Esteban- que el Ayuntamiento les propuso venderles una nueva parcela ajustada al número de pisos que necesitaban, pero esa solución no les convenció.” “¡Cómo íbamos a empezar otra vez de cero! ¿de dónde íbamos a sacar el dinero?- replica Antonio González.
Las relaciones entre el Ayuntamiento y la cooperativa están frías, congeladas. Los cooperativistas se sienten abandonados. Creen que el Ayuntamiento con esta iniciativa sólo buscaba réditos políticos. Dar una buena imagen de cara a los medios de comunicación y de cara a la sociedad, y se preguntan por qué la institución no se presentó con ellos como acusación en el juicio o por qué no les ofreció que el abogado municipal se encargarse del litigio, como han hecho en otras ocasiones. “Ellos no se han sentido acompañados- señala el alcalde, Rafael Esteban-. Yo lo respeto, pero no fue una campaña de imagen política. Yo no llamé a la tele. Lo que queríamos es que algo que podía ser bueno para Marchamalo fuera para la gente de Marchamalo. ¿Qué eso fue un autobombo? No lo vieron así en un principio, pero todo va evolucionando. De mis 13 años de alcalde ésta es una de las cosas que peor me han hecho sentir. Me da rabia.”
Sobre cederles el abogado municipal el alcalde asegura que el Ayuntamiento sólo ha ido una vez como acusación particular: “fue contra unos chavales que se dedicaban a pegar con un palo a vecinos del pueblo por la zona del Canal. Ha sido la única vez. Además creo que administrativamente no es posible. Lamento la sensación que les ha quedado. Yo creo que también la tendría. Me siento mal por cómo ha salido el juicio y la empatía la tengo con ellos y no con la empresa, pero también creo que hemos hecho todo lo que hemos podido: hemos puesto carteles anunciadores para buscar más cooperativistas, facilitado reuniones entre cooperativa y bancos para ver si les daban el préstamo, les devolvimos lo que habían pagado de las licencias de construcción cuando se rescindió el contrato… Incluso nos ofrecieron dinero a cuenta para que guardáramos por más tiempo el derecho sobre la parcela aunque no aceptamos… Ellos creyeron hasta el final que esto podía salir adelante…”
Denuncias cruzadas
A esta complicada situación hay que sumar un elemento más: la cooperativa puso en su día una denuncia administrativa contra al Ayuntamiento en la que pide una indemnización de un millón de euros por el perjuicio patrimonial que les ha causado. “Respetamos su decisión- señala el alcalde- y mientras ellos no pasen a la vía judicial todo seguirá igual, pero si toman la decisión nosotros nos vamos a defender con uñas y dientes. Todo esto es un asunto muy delicado.”
La parcela donde se iba a levantar la promoción de viviendas sigue siendo municipal, no está atada a ningún compromiso y podría volver a ponerse en el mercado pero el Ayuntamiento no tiene intención de iniciar ese proceso: “ni la vamos a cambiar de uso, ni nada de eso. Si vienen y me dicen que alguien quiere hacerlo y hay garantías… quizá, pero no está en nuestro ánimo”.
Una complicada y triste historia que no parece tener una buena solución. Incluso algunos de los ex cooperativistas han denunciado al Consejo Rector esperando cobrar la aportación que hicieron. Quieren sacarla de los 150.000 euros que quedaban en caja cuando todo se descubrió. “No tienen casa, han perdido el dinero y encima les han denunciado -exclama Antonio González- Pensábamos que nos metíamos en una promoción en la que pagábamos nuestras cuotas y nos daban una casa, pero no fue así. Nos hemos quedado sin nada. Lo tenemos todo perdido… Si ni siquiera la justicia nos da la razón ¿qué nos queda?” .
De momento van a seguir luchando.
