Alberto Rojo confirma que no pagará el alquiler de una vivienda a la madre de dos hijos que estaba en Laguna Colmada en situación irregular.
Alberto Rojo, hoy en Guadalajara.
El caso de Nasina, una inmigrante madre de dos hijos menores, ha vuelta a enfrentar a la Junta y el Ayuntamiento por la gestión del desalojo del edificio de viviendas sociales en la calle de Laguna Colmada.
El citado desalojo ha sacado a la luz algunos casos de personas que residían en aquellas viviendas en situación irregular, es decir, que no eran las adjudicatarias legales de las viviendas. Este es el caso de Nasina, por lo que cuando fue desalojada el pasado mes de enero la Junta le ofreció una ayuda de emergencia de 3.000 euros, para que pueda reconducir su situación, sin embargo ella alegó que a pesar de estar trabajando "ese dinero es insuficiente para alquilar una vivienda ya que le exigen una nómina de 1.500 euros y estar fija".
Ayer mismo, el alcalde Antonio Román afeaba esta decisión de Gicaman, la empresa pública de la Junta a la que acusó de "no tenere alma ni sentimientos", pedía que recapacitara y se comprometía a adoptan medidas en su favor, si el gobierno regional no lo hacía. Román decía también que la Junta "ha tenido años" para haber resuelto la situación de las personas que vivían en esas viviendas sociales en situación irregular y añadía "que un gobierno del PSOE y Podemos, partidos que han encabezado las plataformas antidesahucios, esté permitiendo que a una mujer con dos niños de 3 y 6 años se les eche a la calle, es gravísimo”.
Rojo: "No nos vamos a saltar la lista de demandantes"
Hoy la Junta ha respondido al alcalde mediante su delegado en Guadalajara, Alberto Rojo, quien ha reiterado que el Gobierno regional no está dispuesto a saltarse la ley en la adjudicación de viviendas sociales “aunque el alcalde de Guadalajara lo pida” y ha señalado que a día de hoy, hay 1.568 vecinos de Guadalajara capital inscritos en la bolsa de demandantes de vivienda con algún tipo de protección pública, “que no merecen el respeto de su alcalde, como ha demostrado con sus declaraciones”.
Rojo dejó claro que el Gobierno regional "no puede adjudicar una vivienda a personas que no están en la lista de demandantes de viviendas públicas y saltarse todos los filtros legales”, ha explicado a preguntas de los medios de comunicación. Y ha precisado que lo que sí ha hecho el Gobierno regional a través de la empresa pública GICAMAN “es preocuparse por ésta y por todas las personas” que residían en el edificio, que se ha estado en contacto desde el primer momento con la familia a la que se refiere el alcalde, se le ha informado de su situación, se le ha tramitado una ayuda de emergencia social de 3.000 euros y se le ha pagado un alojamiento alternativo durante un mes y medio, hasta que se ha tenido constatación de que la ayuda de emergencia había sido ya ingresada en la cuenta de la persona afectada.
"Le pido al alcalde de Guadalajara que estos temas los afronte con seriedad y que sea responsable” ha dicho el delegado de la Junta, al tiempo que ha instado a Antonio Román “a llamarnos, como hacemos nosotros con él, si detecta cualquier problema”.
Del mismo modo, el delegado de la Junta ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que el alcalde de Guadalajara “inste a la Junta a que cometa una ilegalidad y que diga que, en caso de no hacerlo, él lo va a llevar a cabo”. También se ha referido Rojo a que con estas declaraciones queda constatado que para Antonio Román “los criterios técnicos y el respeto a la legalidad son de quita y pon” ya que, a juicio del delegado, sólo los utiliza como pretexto para "poner trabas" a la apertura del parking del Hospital o al inicio de las obras del Campus.
