Desde Ecologistas en Acción y demás asociaciones medioambientalistas presentes en el CAMA vemos con gran preocupación la expresa intención del gobierno de CLM de derogar la ley regional de radiocomunicaciones 8/2001, que ha sido hasta ahora un modelo adelantado en España de regulación de las instalaciones de telefonía móvil, en perfecta sintonía con la Resolución 1815 del Parlamento y Consejo de Europa, que establece niveles más restrictivos para la protección de la salud de la población expuesta a la radiación electromagnética, siguiendo lo que aconsejan las investigaciones científicas más recientes, muchas de las cuales ya han constatado sus efectos biológicos, y no sólo térmicos, sobre el organismo humano, que van desde alteraciones hormonales, cardiovasculares e inmunológicas hasta daños genéticos y cerebrales, con un riesgo mayor para la población más vulnerable : niños, embarazadas, enfermos y ancianos.
Para atajar esos posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos (CEM), se promulgó en 2001 la ley de CLM, una de las más progresistas de Europa, que además ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, desestimando en 2012 un recurso del gobierno sobre una supuesta invasión de competencias y reforzando con aquella sentencia la legítima autonomía de aquélla en materia de salud.
Por ello, no imaginamos cuáles son las razones por las que el gobierno de CLM quiere sustituir esta ley tan positiva y beneficiosa por otra que elimina de su texto esas medidas de protección, dejando inerme a la población frente a las consecuencias de una prolongada exposición a los CEM emitidos por las estaciones base que el propio principio de precaución revela como peligrosos y la OMS reconoce abiertamente como “posiblemente cancerígenos”.
Sólo se nos ocurre una explicación: que es posible que esta marcha atrás legislativa esté en relación con la próxima implantación de la tecnología 5G, que ha tomado a la población de Talavera como conejillo de Indias en su período de pruebas, lo que ya ha sido denunciado por EA al no haberse sometido a la necesaria evaluación de impacto en la salud de las personas, a que obliga la ley de salud pública y contra cuya imposición se movilizan sus vecinos este domingo sumándose a la petición de una moratoria que han reclamado en un llamamiento internacional 180 científicos de 36 países, ya que en el despliegue del 5G no se han tenido en cuenta los posibles efectos nocivos en la salud, sino sólo la presión de los “lobbys” de la industria de telecomunicaciones, que, como denuncia un reciente artículo de la prestigiosa revista “The Nation”, invierten muchos recursos en negar esas afecciones y se dedican a presionar gobiernos y organismos como la OMS para frenar las normas de prevención, que, paradójicamente, sí aplican las compañías de seguros al excluir de la cobertura de sus pólizas esos efectos nocivos.
Por nuestra parte, extendemos ese llamamiento al gobierno de CLM para que no derogue una ley que se ha revelado necesaria en defender el derecho a la salud de los ciudadanos
Firmado : Santiago Salvador de León, por Ecologistas en Acción y Toledo Aire Limpio
