Las agencias privadas de colocación se han convertido en un auténtico negocio para algunos. En los últimos años el Partido Popular en su afán privatizador y de enriquecer a sus amigos y allegados ha desmantelado los servicios públicos de empleo, poniendo en manos privadas la labor de intermediación laboral.
La Reforma Laboral del PP de 2012 ha permitido que los Servicios Públicos de Empleo puedan subcontratar la búsqueda de empleo a las agencias privadas de colocación, así como que las empresas de trabajo temporal (ETT) puedan convertirse de forma más sencilla en este tipo de empresas.
El Ministerio de Empleo está utilizando fondos públicos que detrae de la modernización de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas de empleo, para dárselo a este tipo de agencias, cuyo único interés es el económico, pero que realmente no llevan a cabo la atención que las personas en desempleo necesitan.
En Castilla-La Mancha opera como agencia privada de colocación, de forma bastante cuestionable y fraudulenta, la empresa “San Román Escuela de Estudios Superiores SL”, con más de una veintena de “oficinas o supuestas oficinas” en la región, -algunas de ellas naves vacías sin ningún signo de actividad-, y más de un centenar en todo el país, en las que supuestamente realiza su tarea de intermediación laboral. Así pues con las comprobaciones que hemos realizado in situ y con los datos que hemos obtenido, consideramos que San Román no puede entenderse que funcione como agencia de colocación en los términos exigidos por la legislación.
San Román es una consultora multinacional especializada en Formación, Intermediación Laboral y Consultoría, que comenzó su actividad como agencia de empleo en mayo de 2012 “para ofrecer una atención personalizada en la búsqueda activa de empleo, así como procesos integrales de intermediación entre personas candidatas y empresas. Añadiendo los procesos de orientación e inserción, la capacitación y acompañamiento, y prestación de soluciones de selección y formación 'a medida'”. Su objetivo es “funcionar como un portal de empleo y prestar un servicio de calidad que les permita a nuestros usuarios encontrar trabajo, y además, proporcionar a las empresas los candidatos más adecuados a sus necesidades ayudando al desarrollo de las políticas activas de empleo”, según detalla en su propia página web.
Una de las sedes denunciadas. No hay ni cartel.En la región tiene un total de 24 “oficinas o sedes” donde supuestamente desarrolla su actividad como agencia de colocación, según consta en el Portal del Sistema Nacional de Empleo: 4 en Albacete capital, donde la Inspección de Trabajo ha actuado. 9 en la provincia de Ciudad Real: dos en la capital y en los municipios de Miguelturra (dos), Valdepeñas, Piedrabuena, Pozuelo de Calatrava, Tomelloso y Manzanares. 1 en Cuenca capital. 3 en Guadalajara capital. 7 en Toledo: una en la capital, dos en Talavera de la Reina, dos en Oropesa, una en Herreruela de Oropesa y otra en Torralba de Oropesa.
En la región, CCOO lo ha constatado, las oficinas de San Román no cuentan con ningún rótulo o distintivo que indique el nombre de la agencia de colocación, en algunas lo indica en una hoja de papel pegada en la puerta; otras son naves vacías o cerradas sin signos de ningún tipo de actividad más allá de una fregona que puede verse desde la puerta; en otros casos se instala supuestamente en distintos centros de formación, asesorías, autoescuelas, etc, en los que al preguntar por esta agencia de colocación resulta desconocida y en el mejor de los casos disponen de un buzón donde se pueden depositar los currículums.
Además, en ninguna provincia cuenta con trabajadores y trabajadoras en los supuestos “centros de trabajo” para poder atender a las personas usuarias. En otros casos, como ocurrió hace unas semanas en la localidad toledana de Madridejos, donde a pesar de no contar con sede, un comercial en la calle, frente a la oficina pública de empleo, donde había citado a un grupo de personas les recogió currículums como actividad de la agencia.
Además, los cuestionarios y entrevistas de la empresa no respetan los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo; tampoco las ofertas de trabajo.
En definitiva, no existe actividad como agencia de colocación, no mantiene las condiciones que motivaron su acreditación como tal, y la que pudiera existir es prácticamente nula. Un auténtico despropósito y un engaño.
¿Qué está ocurriendo con los mecanismos de control y seguimiento contemplados en el Acuerdo Marco con agencias de colocación para la colaboración con servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas? A juicio de CCOO no están funcionando, pese a ello, el Gobierno ha prorrogado los contratos con estas agencias, y sin contar con los agentes sociales.
Recientemente, la justicia ha dictado una sentencia a favor del País Vasco, donde se ha declarado nula la contratación de agencias privadas de colocación en esta comunidad; y cuyo fallo, además, abre la puerta a que otras regiones también recurran el concurso.
Además, hace unos días se han hecho públicas las conclusiones del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa que calificaba, por segunda vez consecutiva, como “ineficientes a los servicios públicos de empleo de nuestro país”. ¿Cómo pueden ser eficientes si han sido asfixiados por el Gobierno del PP? Aludía también a la falta de un plan para evaluar las agencias privadas de colocación. Aun así, insisto, se les ha prorrogado el convenio para seguir sin hacer nada.
Se está obligando a las comunidades autónomas, de lo contrario es un dinero que se pierde, a destinar partidas en sus presupuestos a las agencias privadas de colocación. En 2016 se destinaron más de 5,6 millones de euros, 2 millones más con respecto al año 2015. En vez de para agencias de colocación que no hacen su trabajo, sería mejor poder destinarlo a la contratación de orientadores laborales en las oficinas públicas de empleo.
Para CCOO los servicios públicos de empleo son fundamentales para ayudar a las personas que están en situación de desempleo a encontrar un puesto de trabajo y para ello es imprescindible aumentar los recursos y el presupuesto destinado a los servicios públicos de empleo y para la puesta en marcha de políticas activas de empleo. Precisamente lo contrario a lo que se viene haciendo de forma intencionada e irresponsable en los últimos años por parte de los gobiernos conservadores.
Lola Santillana
Secretaria de Empleo de CCOO CLM